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Un fallo preocupante

Un fallo preocupante

Fallo de la Corte IDH en caso de Petro tiene serias implicaciones sobre el control disciplinario.

En un desenlace tan polémico como lo fue todo su proceso de destitución e inhabilidad impuestas por la procuraduría de Alejandro Ordóñez, el senador Gustavo Petro ha logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado colombiano por la violación de sus derechos políticos y sus garantías judiciales.

La conclusión de dicha corte no difiere de lo que ya había determinado en el 2017 el sistema judicial colombiano, a través del Consejo de Estado: la sanción contra el exalcalde Petro no se ajustó a derecho y por eso se declaró nula.

Pero es, precisamente, esa repetición de lo que ya había fallado la justicia ordinaria colombiana el primer reparo de fondo sobre la decisión de la Corte, que forma parte de un Sistema de defensa de los Derechos Humanos, el Interamericano, que solo entra a operar cuando el sistema judicial de un país no ha podido o no ha querido hacer justicia. Vale precisar que esta no fue, para nada, la situación de Gustavo Petro.

Colombia debe buscar salidas para acatar los mandatos de la Corte sin debilitar el control fiscal y disciplinario ni la lucha contra la corrupción.

Y, más allá del caso puntual del líder de la Colombia Humana, la Corte Interamericana le ha ordenado a Colombia, como medida de no repetición, “adecuar su ordenamiento interno de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas”. Esto tiene serias implicaciones que representan un duro golpe para las facultades de la Procuraduría General –y también de la Contraloría, en el caso de condenados en procesos fiscales– en el necesario control disciplinario y fiscal sobre casi 21.000 funcionarios y servidores públicos elegidos por voto popular. Y esto es preocupante.

La determinación, como lo han advertido el jefe de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Camilo Gómez, y el procurador Fernando Carrillo, podría terminar afectando gravemente la lucha contra la corrupción pública. Actuaciones claves de la Procuraduría en decenas de casos de la ‘parapolítica’ o en el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación –fue ese ente el que apartó al después condenado penalmente alcalde Samuel Moreno de su cargo– no serían legales, a la luz de la interpretación de la Corte IDH.

Pero además, el cumplimiento del fallo podría resultar llevando a que situaciones que si bien son faltas disciplinarias no tienen connotación de ilegalidad –por ejemplo, no presentarse reiteradamente al trabajo sin justificación– acaben en manos de jueces, con todas las dificultades que tal proceso supone. Empezando porque esos jueces no existen. Delegar, como se ha propuesto en el Consejo de Estado, la función de hacer de juez de todos los casos que investigue la Procuraduría sería crear un cuello de botella que terminaría haciendo colapsar el control disciplinario.

El fallo crea, pues, una compleja situación que exige de Colombia comenzar a buscar salidas que permitan acatar los mandatos de la Corte sin debilitar el control fiscal y disciplinario ni la lucha contra la corrupción. Y es clave también abrir la discusión sobre la manera como está funcionando el Sistema Interamericano, no con ánimo de debilitarlo, sino de adecuar sus instrumentos y las actuaciones de sus operadores a los desafiantes retos de nuestras democracias.

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