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Doblegar al clan

Doblegar al clan

Dimensión del ‘clan del Golfo’ obliga a una respuesta como las que derrotaron a enemigos similares.

Un informe publicado el domingo por este diario dejó muy clara la magnitud de la amenaza que para el país representa el llamado ‘clan del Golfo’, una verdadera red criminal. El trabajo periodístico reveló, entre otros datos, el tamaño de esta temible organización: más de 3.200 integrantes, 1.461 de ellos en armas; sus fuentes de financiación –narcotráfico, minería ilegal, extorsión y tráfico de armas– y las regiones en donde operan, que comprenden nueve departamentos.

Con raíces que se extienden a otras épocas del conflicto armado y una historia en la que aparecen actores tan disímiles como el Ejército Popular de Liberación y las Autodefensas Unidas de Colombia, esta organización hoy exige ser enfrentada con toda la contundencia por la fuerza legítima del Estado.

Hay que ser claros en que, más allá de su fallida intención de darle un dudoso cariz político a su accionar cuando intentó asumir la denominación de Autodefensas Gaitanistas, el ‘clan del Golfo’ tiene como único faro ideológico una insaciable y mortal codicia, y como doctrina, pasar por encima de quien se oponga a sus planes.

Tiene como único faro ideológico una insaciable y mortal codicia, y como doctrina, pasar por encima de quien se oponga a sus planes.

Y es que una vez pone en la mira un territorio, su intención siempre es controlar cualquier actividad que le represente rentas. En este propósito emergen como obstáculo las organizaciones comunitarias. Para quitarlas del camino recurren sin resquemor alguno a la violencia: se le atribuyen por lo menos 24 asesinatos de líderes sociales desde el 2016. Los excombatientes de las Farc que, como los líderes, promueven actividades económicas legales también les resultan incómodos: según cifras oficiales, han asesinado a 14. Es un accionar criminal que genera terror, desgarro del tejido social y desplazamiento forzado. Hay que condenar el drama que viven las mujeres en sus zonas de influencia: muchas han tenido que huir para evitar la violencia sexual que contra ellas ejercen sobre todo los cabecillas, como hoy ocurre en el Bajo Cauca.

Causa igualmente preocupación observar cómo estrategias macabras ya vistas en el pasado como la del infame ‘plan pistola’ empiezan a aparecer en su repertorio criminal. La manera como ha crecido y el poder militar que ha alcanzado obligan a que la respuesta del Gobierno sea del mismo talante de las que en el pasado permitieron debilitar o derrotar a enemigos como las Farc o los carteles de la droga.

En este sentido, ya se han dado pasos importantes: la ambiciosa operación Agamenón ha tenido resultados que van desde la incautación de droga hasta la captura o baja de varios de sus cabecillas. Su segunda fase está encaminada no solo a capturar a los jefes, sino a afectar sus finanzas, redes de colaboradores y centros de acopio de estupefacientes, entre otros objetivos. Eso es muy importante.

Pero hay que ser enfáticos en que a la labor militar, policial y judicial se le tiene que sumar el componente social. Cualquier esfuerzo por desarticular cualquiera de sus tentáculos corre el riesgo de ser estéril si en el lugar persisten los incentivos para que el fenómeno reaparezca, para que el delito siga pelechando y atrayendo o forzando a los jóvenes a hacerse partícipes. El gran reto está en que una vez la Fuerza Pública haga lo suyo, el empeño del Estado por hacer presencia integral y duradera no decaiga.

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