Ha causado justificado revuelo la noticia de que la Fiscalía decidió imputarle cargos a la exdirectora de Señal Colombia Diana Díaz por el delito de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva”.
Esto debido a que Díaz denunció, valiéndose de la filtración de una grabación que hizo de una reunión con el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, la intención de este último de ejercer censura sobre el programa Los puros criollos, que emitía el canal estatal a su cargo. Argumentó Bieri que el presentador del espacio, Santiago Rivas, había expresado públicamente posturas críticas hacia el Gobierno.
Hay que ser claros en que el ente acusador se equivoca al actuar contra Díaz y que su proceder preocupa a la luz de la importancia de salvaguardar la libertad de expresión, pilar de cualquier democracia. Tiene razón la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, al calificar esta medida de “desproporcionada, innecesaria y evidentemente intimidatoria”. Y es que aquí estamos ante el grave riesgo de que hechos como este terminen constituyéndose en precedentes que disuadan a otros funcionarios públicos de alertar sobre anomalías que tengan lugar en su entorno. Bueno es también recordar que la Constitución, en su artículo 74, protege a quienes proporcionan a los medios de comunicación información relevante.
En este orden de ideas, hay que ser muy claros en que Díaz actuó como denunciante de una acción irregular en una entidad pública. Como le recordó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) al fiscal general, Francisco Barbosa, en una carta abierta, el Estado colombiano en un caso así está en la obligación, ante todo, de proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que hacen la denuncia, “incluyendo la protección de su identidad e integridad”. En este caso, el ente acusador avanza en dirección contraria.
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