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El caso Uribe

El caso Uribe

El llamado es a respetar el Estado de derecho. Se necesita ponderación.

Luego de seis meses de analizar pruebas, la Fiscalía ha tomado una nueva decisión: solicitar la preclusión de la investigación en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desafortunadamente, de nuevo ha salido a flote la agudización de la peligrosa polarización política alrededor de las actuaciones de nuestra justicia.

El proceso del expresidente Uribe, por cargos de supuesta manipulación de testigos, es reflejo de esa polarización en los últimos años, pero no es el único. Desde hace más de tres lustros, el país empezó a ver que las decisiones de la justicia se debatían no en las instancias judiciales, sino a través de los micrófonos y las redes sociales, y a ver que personajes de la política y funcionarios públicos rompieran, sin ruborizarse, esa máxima de las democracias de que los fallos judiciales, aunque que no se compartan, deben ser respetados y acatados.

El llamado es a respetar el Estado de derecho. No conviene, de ningún modo, que algunos sectores aplaudan las actuaciones de fiscales, órganos de control, jueces y cortes cuando les son convenientes, pero las controviertan al grado de tildarlas de delictuales cuando van en contravía de sus pareceres o intereses.

De nuevo ha salido a flote la agudización de la peligrosa polarización política alrededor de las actuaciones de
nuestra justicia.

Eso es lo que se ha visto en este caso desde el momento en el que empezó su curso en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, hace más de tres años. Los cuestionamientos que en su momento se oyeron contra los magistrados que investigaron a Uribe y ordenaron su detención domiciliaria el año pasado se escuchan hoy contra el fiscal del caso, incluso sin que los argumentos para pedir la preclusión de la investigación hayan sido expuestos de manera oficial ante el juez de conocimiento.

Las descalificaciones a priori y cargadas de pasiones en contra de la Fiscalía, sin conocer aún los detalles de su sustentación, no contribuyen a un análisis sensato. No se puede pasar por alto que durante medio año esta entidad ha practicado pruebas nuevas e incorporado elementos que no estaban presentes en el expediente que llegó de la Corte. Además del hecho de que el nuevo esquema procesal es más garantista (la Fiscalía investiga, pero no juzga) y con pluralidad de actores, entre ellos la Procuraduría, que está pendiente de emitir su concepto sobre el caso.

Se necesita ponderación, más cuando el camino es largo aún. A la solicitud de preclusión de la Fiscalía le restan varias instancias antes de quedar en firme. Además del control de la juez 28 de conocimiento de Bogotá, que debe tomar la primera decisión –y valga hacer un llamado para que esté libre de presiones indebidas, como las que ha vivido a través de redes sociales–, habrá una instancia superior en el Tribunal de Bogotá y, eventualmente, en la Corte Suprema. Incluso si alguna de las partes no estuviera de acuerdo con la determinación final, como lo señalan varios juristas, podría darse el escenario de una tutela.

Así, lo que procede es utilizar los canales de las instancias procesales para manifestar un desacuerdo con la decisión tomada, sea esta cual sea. Esos cauces son un imperativo. Harto va de ejercer ese derecho inalienable a poner en la picota, casi por defecto, cualquiera de las actuaciones de los operadores judiciales que han tenido este proceso. La responsabilidad con la democracia y con el país exige a todos desandar el camino de las declaraciones irresponsables, especialmente ante el escenario electoral que se avecina.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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