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Desangre vergonzoso

Desangre vergonzoso

Desviar recursos de la salud es un delito mayor que ya no genera el rechazo que debería.

Robarse la plata de la salud es un delito mayor que debería castigarse de manera ejemplar y sin ningún tipo de atenuantes. No solo por los dineros, que todos aportamos, sino –y más grave aún– porque estos desfalcos ponen en riesgo el bienestar, la integridad y la vida de muchos.

Sin embargo, este proceder –que debería calificarse de infamia excepcional–, vergonzosamente, a juzgar por los informes oficiales, se ha convertido en la norma y, a partir de las abultadas cifras, en la práctica ya no causa asombro, empezando por las autoridades encargadas de salvaguardar unos bienes que deberían ser intocables.
Para la muestra están las 18 rutas (modus operandi) que siguen los saqueadores del sector –dadas a conocer el domingo pasado por este diario con base en investigaciones e informes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría– y configuran un crimen continuado, la mayoría de las veces impune.

Desde siempre se ha sabido, por ejemplo, que los recursos del régimen subsidiado son, en algunas regiones y municipios, un verdadero botín del que echan mano no solo organizaciones al margen de la ley, sino politiqueros de todo cuño, directores de hospitales, proveedores y hasta médicos organizados en verdaderas bandas, provistas de una habilidad sin límites para permear las grietas que deja la frágil vigilancia en estos lugares.

Es hora de que la justicia tome en serio este tipo de crímenes con los dineros de la salud y los penalice de manera ejemplar.

Pero, por los lados del contributivo, la situación no es mejor. La duplicación de afiliados y la compensación por personas inexistentes, la inducción de demanda que hacen médicos y hospitales para aumentar la facturación, los sobrecostos en los medicamentos y la orientación específica de servicios hacia proveedores e instituciones de dudosa reputación están a la vista de todos, sin que se tome ninguna medida.

Todo lo anterior sin contar que Colombia es el único lugar del mundo en donde la atención de enfermedades de alto costo es en muchos sitios terreno abonado para esquilmar en forma organizada las arcas sanitarias, todo a expensas de los esfuerzos que ha hecho el país para garantizar su cobertura plena. Los carteles del sida, de la hemofilia, de la epilepsia, del síndrome de Down, de las gafas y hasta de los tratamientos odontológicos son muestras de estas fechorías.

Y, ante tal panorama, el ejercicio más inocuo que se puede hacer es tratar de cuantificar estos desvíos cada año, simplemente porque se miden en billones de pesos, sin mencionar el grave daño que ello causa a todo nivel.

Es hora de que la justicia tome en serio este tipo de crímenes y los penalice de modo ejemplar. Lo cual no impide que los responsables de regular la salud en todos los niveles revisen, de una vez por todas, los tortuosos procesos que facilitan el actuar de estos ladrones, algunos de ellos bien ubicados en esas instancias.

El proceso de descentralización, giros a las regiones, sistemas de facturación, compras al menudeo, la falta de autorregulación de los profesionales y la forma como se eligen los directores de hospitales y secretarios de Salud serían buenos elementos para empezar en esta inaplazable tarea, que debe sumarse a la de buscar más recursos.

editorial@eltiempo.com

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