Del desconcierto al optimismo

Si se ve medio vacío el vaso del escándalo, resultado de la decisión en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía contra su exdirector anticorrupción Gustavo Moreno, de compulsar copias para que la Comisión de Acusación investigue a tres expresidentes de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, se tiene que calificar a este como el más grave episodio en la larga historia del alto tribunal.

Otros tres políticos, los actuales senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, también terminaron salpicados. A todos se los señala de vender y comprar decisiones judiciales.

Desde esta óptica, podemos observar una situación alarmante, con datos aterradores como las tarifas, en miles de millones de pesos, que, según la evidencia recopilada –una conversación entre Moreno y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons–, cobrarían los magistrados por manipular procesos. Lo que empieza a conocerse es un golpe demoledor contra la ya muy deteriorada confianza de los colombianos en su aparato judicial. Esto hay que decirlo, incluso con dolor de patria. Por mucho tiempo se rumoró en los pasillos del alcance de los tentáculos de este monstruo. Hoy comienzan a surgir pruebas que dan una idea clara de hasta qué punto hizo metástasis este cáncer, y reina el desconcierto.

Un sentimiento que, sin embargo, no les impide a algunos jugar a encajar viejas piezas. Son las voces que recuerdan la manera como los hoy protagonistas del escándalo torpedearon la reforma de la justicia del 2015, que habría permitido contar con mejores herramientas para procesar y juzgar a los altos dignatarios de la rama que violaran la ley. Incluía, también, cambios para evitar que unos pocos individuos tejieran oscuras redes que les garantizaran no solo puestos y contratos a sus familiares y amigos, sino una condición de vitalicios y todopoderosos caciques de la justicia.

Con todo, se puede ser optimistas. Creer que el fenómeno de la corrupción judicial por fin ha tocado fondo. Reconocer que los responsables de perseguir a los que obran mal están haciendo la tarea, con la Fiscalía General a la cabeza, sacando a la luz pública lo que por años funcionó en la sombra.

Eso sí, hay que permanecer atentos. En el caso puntual de los exmagistrados, saber que la instancia encargada de procesarlos es la Comisión de Acusación de la Cámara, que por años ha dejado claro que no es propiamente referente de eficiencia ni rigor investigativo –carece, por cierto, de una estructura para este fin–, deja cierto sabor agridulce. Hoy tienen sus miembros una nueva y quizás única oportunidad de reivindicación. Que este sea el final de un capítulo nefasto y el comienzo del necesario revolcón que requiere la majestad de la justicia. Que los que vienen sean tiempos de depuración.

Pero, sobre todo, que sus actuales dignatarios cumplan con lo prometido respecto a propuestas de cambios estructurales. Que no sigan la tradición de oponerse tercamente a cualquier intento en este sentido. Es hora de la grandeza: actuar, con buen criterio y sin aspiraciones electorales o, peor, populistas. Es factible y deseable enderezar el armazón y así, de paso, se deja sin argumentos a quienes ya hablan de demolición.

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