Debe haber claridad

Debe haber claridad

Denuncias de ‘chuzadas’ deben resolverse en un esfuerzo que conduzca al fin de estos escándalos.

Por: EDITORIAL
13 de enero 2020 , 08:05 p.m.

Una vez más, un episodio de posibles interceptaciones ilegales aparece en el centro de un escándalo de grandes proporciones en el país. En los últimos años se han registrado varios, demasiados, casos de perfil similar, comenzando por el hecho que derivó en el cierre del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se recuerda también el de la operación Andrómeda, que tendría como blanco a los negociadores del proceso de paz con las Farc, y –más recientemente– el revelado por este diario el año pasado sobre una red de chuzadas que, valiéndose de equipos y recursos de la Fiscalía, ofrecía sus servicios a clientes de diferente perfil.

El que hoy nos ocupa fue divulgado por la revista Semana y apunta a un presunto uso indebido de equipos tecnológicos de última generación en poder del Ejército para chuzar a periodistas de ese y otros medios, congresistas, magistrados y militares. La información recolectada, según lo que plantea el medio, tendría como destino a particulares. Los señalados de llevar a cabo estas actividades se habrían valido de dispositivos vitales en la labor de las autoridades contra poderosas organizaciones de crimen organizado.

Así mismo, salió a flote el caso de un allanamiento que el 18 de diciembre llevó a cabo la Corte Suprema en el cantón de comunicaciones ubicado en Facatativá, Cundinamarca, lugar que sería epicentro de estas actividades, razón por la cual se habría registrado resistencia y, al parecer, intento de algunos uniformados de desaparecer material sensible. La magistrada Cristina Lombana estuvo al frente de esta diligencia. No obstante, esta se enmarca en un proceso por otras interceptaciones, las que involucraron también a militares y al hacker Andrés Fernando Sepúlveda durante la campaña electoral de 2014.

En tiempos en los que soplan vientos de desconfianza, la sola posibilidad de que lo denunciado
se corrobore produce escozor

El trabajo periodístico denuncia, así mismo, seguimientos y amenazas a sus periodistas, atribuidos a integrantes de la institución activos y en retiro. Estas intimidaciones cobardes atentan contra la libertad de expresión. Son, desde luego, absolutamente inaceptables, y urge dar cuanto antes con sus autores.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, de forma simultánea se conoció, a través de Noticias Uno, que un micrófono oculto habría sido hallado en el despacho del magistrado César Reyes. Una versión inicial apuntó a que dicho dispositivo había sido instalado en el lugar cuando otra entidad lo ocupaba. No obstante, en una inspección posterior efectuada ayer, apareció un segundo aparato, lo que añadió nuevos e inquietantes interrogantes al hecho, que inevitablemente termina ligado al que involucra al Ejército.

Lo hasta ahora revelado es muy grave. El presidente Iván Duque anunció “cero tolerancia” ante conductas de este tipo en las filas. Urge que este propósito se traduzca en acciones. En tiempos en los que soplan vientos de desconfianza hacia las instituciones, la sola posibilidad de que lo denunciado se corrobore produce escozor. De ahí que lo ocurrido tiene que dar pie, como lo planteó la misma Corte Suprema ayer, “al uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de derecho del país”.

editorial@eltiempo.com

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