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Cuidar la joya de la corona

La renuncia de la junta directiva de EPM es muy preocupante y obliga al alcalde a actuar rápido.

Editorial .
Cuando se habla en América Latina de entidades estatales bien manejadas, el nombre de Empresas Públicas de Medellín (EPM) siempre aparece entre las infaltables en la lista. El motivo es que a lo largo de seis décadas y media de existencia, la entidad se ha caracterizado por proveer un servicio de gran calidad en sus diferentes líneas de negocio y por hacerlo en forma rentable.
Gracias a esa labor, la capital antioqueña no solo muestra índices de cobertura admirables, sino que cuenta con un importante flujo de recursos provenientes de dividendos que le permiten fortalecer su gestión en una metrópoli que enfrenta múltiples desafíos. Detrás de esos logros se encuentra la determinación de hacer las cosas bien, lo cual exige altos estándares gerenciales y códigos de conducta y gobierno corporativo que en general se han respetado.
Debido a ello resulta preocupante lo ocurrido el martes pasado, cuando ocho de los nueve integrantes de la junta directiva de EPM presentaron su renuncia ante el alcalde Daniel Quintero. Esto no tiene precedente y genera expresiones de preocupación que van mucho más allá del valle de Aburrá.

Lo ocurrido deja un muy mal sabor porque rompe con una tradición de buenas prácticas,
cuyos positivos resultados
están a la vista.

Según ha trascendido, los motivos del rompimiento son dos: pretender ampliar el objeto social de la compañía y anunciar una serie de acciones legales contra contratistas y compañías de seguros relacionadas con el proyecto de Hidroituango. En ninguno de esos casos la gerencia consultó al cuerpo que es su consejero natural y está en la obligación de participar –y respaldar– determinaciones de semejante envergadura.
Lo sucedido deja un muy mal sabor porque rompe con una tradición de buenas prácticas, cuyos positivos resultados están a la vista. Ahora comienza una etapa en la que hay más preguntas que respuestas, por lo cual al alcalde le corresponde demostrar con hechos que responde a la obligación fiduciaria que le entregó la ciudadanía en las urnas: la de cuidar el principal patrimonio de Medellín.
Esa obligación no se opone a que la administración municipal busque orientaciones específicas o presente sus puntos de vista y plantee los temas que considera pertinentes. Pero el debate hay que darlo en forma transparente, respetando la institucionalidad y el principio de buen manejo de los activos públicos.
Ante tal obligación, preocupa que esta situación se quiera presentar como un intento de romper un supuesto contubernio entre diferentes sectores de la sociedad antioqueña, comenzando por su clase empresarial. Tender mantos de duda como excusa para actuar a puerta cerrada es francamente peligroso, aparte de desconocer que, lejos de ser un motivo de discordia, EPM ha sido un punto de encuentro en el que destacadas personas del sector privado han prestado su tiempo y aportado su experiencia para que esta multilatina haya llegado a donde está hoy.
En consecuencia, el alcalde de Medellín debe actuar con rapidez. Una junta directiva capaz, independiente y profesional, que actúe como máximo órgano administrativo, es lo que requiere la empresa cuanto antes. Dejar en claro que aquí no hay politiquería ni componendas solo se logra con hechos que comprueben que la joya de la corona del patrimonio paisa no perderá su lustre ni hoy, ni mañana ni nunca.
EDITORIAL
Editorial .
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