Cuenta regresiva

Cuenta regresiva

El Congreso tiene la responsabilidad de darle el debido trámite a la nueva ley de financiamiento.

Por: EDITORIAL 
28 de noviembre 2019 , 07:55 p.m.

Puede sonar a frase de cajón, pero no hay duda de que la cuenta regresiva ya comenzó para el proyecto de ley “por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico”. La iniciativa en cuestión sustituye los contenidos de la ley de financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional semanas atrás. En caso de que la propuesta naufrague en el Congreso, se aplicaría el régimen anterior a partir del primero de enero, lo cual causa preocupación en diferentes sectores.

El motivo es que regresar al pasado implicaría un cambio sustancial en las reglas de juego. Incontables decisiones de inversión empresarial han sido tomadas con base en un esquema que le alivió las cargas al sector empresarial y promueve el desarrollo productivo con el propósito de crear círculos virtuosos que se traduzcan en más prosperidad y empleo.

Los resultados saltan a la vista. La economía colombiana muestra un desempeño que se compara muy favorablemente con el de América Latina. En una región cuyo crecimiento calcula el Fondo Monetario Internacional en 0,2 por ciento para 2019, la expansión del producto interno bruto del país debería acercarse a 3,2 por ciento. Tanto la formación bruta de capital como el consumo de los hogares avanzan a un ritmo saludable que debería continuar en los semestres que vienen.

Acabar en el pupitrazo sería indeseable, y más frente a una opinión que mantiene reservas respecto al proyecto

No obstante, nada de eso está asegurado si se opta por hacer borrón y ‘cuenta vieja’. Para comenzar, el principio de la certidumbre jurídica quedaría en entredicho y podría traducirse en un enfriamiento de la actividad privada.

Además, hay mejoras que no merecen irse al cesto de la basura. Tal es el caso de las normas antievasión o el régimen simplificado, que impulsa de manera decidida los propósitos de una mayor formalización tributaria.

Lo anterior no significa que el texto radicado por los ponentes sea perfecto. A pesar de la premura del tiempo, hay que invitar a los parlamentarios a que se tomen el trabajo de analizar en detalle cada uno de los 136 artículos actuales.

Si bien los ponentes han hecho la tarea, el espacio natural de discusión es el de comisiones y plenarias. Acabar en el conocido pupitrazo sería indeseable, y más frente a las reservas de una opinión que no está convencida de las bondades del nuevo paquete.

Con el fin de hacer más pasable la propuesta, el Gobierno anunció el martes pasado elementos que no estaban en el radar de los observadores. Devolución del IVA para los hogares más pobres, fijación de tres jornadas en las cuales las compras estarán exentas de dicho gravamen y disminución de la contribución de salud que pagan los jubilados que reciben un salario mínimo son maneras de congraciarse con la ciudadanía.

Más allá del argumento de que se trata de mejorar la equidad, no deja de causar inquietud cierto tufillo populista de los cambios en cuestión. El verdadero peligro es sacrificar la sostenibilidad fiscal, pues el cálculo de Fedesarrollo es que el costo de este acápite sería de más de 3 billones de pesos anuales. Ello quiere decir que habría que equilibrar las cargas. Aquí, el objetivo debe ser preservar la salud de la economía, fomentando la inversión privada.

editorial@eltiempo.com

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