Controversia reveladora

Controversia reveladora

El caso contra los presuntos autores del atentado en el Andino revela los problemas de la justicia.

Por: EDITORIAL
29 de agosto 2018 , 08:20 a.m.

Era previsible la repercusión que causó la noticia conocida en la tarde del viernes pasado de que una jueza había ordenado la libertad de diez de los acusados de participar el 17 de junio de 2017 –como supuestos integrantes de la agrupación Movimiento Revolucionario del Pueblo– en el atentado contra el centro comercial Andino de Bogotá, que dejó tres mujeres muertas y nueve personas heridas.

Fue este un suceso violento en el corazón de la principal zona comercial y de entretenimiento de la capital que tuvo enorme impacto en la sociedad y generó un fuerte sentimiento de solidaridad con las víctimas. De ahí que haya causado comprensible desconcierto saber que quienes han sido acusados por la Fiscalía como responsables de la explosión en el baño de mujeres del segundo piso saldrían de prisión sin haber siquiera comenzado el juicio.

Horas después trascendió que, en virtud de otro proceso, este por rebelión, tres de ellos fueron recapturados inmediatamente se hizo efectiva la primera orden, a la salida de la cárcel La Picota. La misma suerte corrieron tres de las mujeres beneficiadas por la decisión judicial y que estaban recluidas en la cárcel del Buen Pastor, en la capital. A estas alturas, los diez sindicados están de nuevo detenidos.

Los límites legales a la figura de la detención preventiva chocan de frente con la lentitud de esta rama y otros males que la aquejan.

Independientemente de cuál sea el desenlace de esta historia y de si la Fiscalía podrá demostrar que son culpables de los cargos imputados en ambos procesos, lo ocurrido deja ver uno de tantos males que hoy tienen a la justicia colombiana viviendo días difíciles.

Y es que ante el grave problema de hacinamiento en las cárceles, que el año pasado fue del 45,6 por ciento, y frente a la violación de los derechos fundamentales que suponía para miles de sindicados estar tras las rejas por años sin que un juez fallara sobre su culpabilidad o inocencia, en 2016 el Congreso aprobó la Ley 1786, que pone límites a la figura de la detención preventiva. Esta norma fija en un año el tiempo máximo que puede permanecer privada de la libertad una persona sindicada de haber cometido un delito sin que un juez defina su situación. La misma norma establece que en casos excepcionales, la Fiscalía puede solicitar una prórroga de un año más. En esta ocasión, el período inicial no fue suficiente para siquiera comenzar el juicio.

Dicha norma ya les ha permitido recuperar la libertad a protagonistas de escándalos, igualmente de enorme impacto en la opinión, que no han sido condenados. En el episodio en cuestión es preciso establecer si la Fiscalía no solicitó la prórroga de la detención en los tiempos que para ello determina la ley. También, y como lo sostienen las víctimas en la tutela que presentaron para evitar la excarcelación, si la jueza responsable de tal decisión no tuvo en cuenta las supuestas maniobras dilatorias de la defensa. Desde luego, hay que hacer un nuevo llamado para que este hecho se esclarezca cuanto antes. Pero, por lo pronto, lo que pasó estos últimos días deja ver, sobre todo, que la realidad de nuestra justicia está muy lejos aún de los ideales que motivan las leyes que la rigen.

editorial@eltiempo.com

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