Bogotá, ¿en la mira?

Bogotá, ¿en la mira?

Seguidilla de acciones judiciales amenazan importantes obras para el futuro de la capital.

Por: Editorial
11 de mayo 2019 , 10:38 p.m.

El epílogo de la actual administración de Bogotá no deja de ser paradójico. A ocho meses de que concluya el gobierno, no hay antecedentes de inversiones comprometidas o en ejecución como las que están en curso y que bordean los 50 billones de pesos (la cuarta parte del presupuesto nacional) en los próximos diez años. Hay 2.500 frentes de obra hoy. Solo en 2018, las asignaciones para el sector social (salud, educación e integración) alcanzaron los 7,8 billones. Fruto de ello, el Dane acaba de certificar que la pobreza multidimensional descendió a niveles históricos (4,3 por ciento) y la monetaria se mantuvo estable pese a los vaivenes de la economía.

En medio de encarnizadas discusiones políticas, la primera línea del metro ha conseguido salir adelante y ya tiene proponentes para su adjudicación y construcción. En seguridad, mientras en Medellín los homicidios han crecido de manera sistemática en los últimos cuatro años, en Bogotá han tenido un descenso constante en ese mismo lapso.

Pero decimos que resulta paradójico porque, a la par de estos resultados, los grandes proyectos de infraestructura han sido objeto de acciones judiciales recientes que tienen en vilo varios de ellos. Los jueces han decretado medidas preventivas contra la troncal de la 7.ª, la política de humedales, las obras para el parque San Rafael, la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Wiesner. Y, por si fuera poco, la Procuraduría se ha puesto en alerta por “rumores” sobre el proyecto metro. Desde 2016 se han instaurado 44 procesos en contra del Distrito. De esos, 27 están activos –contra el esquema de salud, contra el parque Japón, contra el pago para circular en pico y placa, contra las tabletas para taxis, entre otros–. Catorce han fallado a favor y tres, en contra, como el que permitía la venta de la ETB. Las acciones, en su mayoría, provienen de contradictores políticos de la administración y de los sindicatos de empresas de servicios públicos, como el Acueducto y la ETB.

¿En qué momento Bogotá se puso en la mira de los jueces? Ciertamente, los tres años largos que han pasado de gobierno no han sido un camino de rosas. Sendos debates en el cabildo, en los estrados judiciales y hasta en redes sociales han tenido lugar alrededor de estos temas. Y detrás de ellos ha pervivido un revanchismo político que no da tregua. De ahí que lo que viene sucediendo no resulte fácil de explicar, pues, mientras para los demandantes se trata de salvaguardar los derechos ciudadanos, para la Alcaldía no hay duda de que existe una estrategia política que pretende abusar de la justicia para golpear la ciudad y a los bogotanos. Y si bien las decisiones judiciales se deben acatar, estas están teniendo lugar en el marco de una campaña electoral que cabalga sobre proyectos que se han estructurado durante años y que le meten más ruido al asunto.

Es un mal precedente y síntoma de que este debate electoral estará atravesado, de nuevo, por el cruce de epítetos, acusaciones, señalamientos y demandas entre lo que deja una administración y lo que proponen sectores opuestos. Y el aparato judicial no debe dejarse arrastrar a ese terreno, como tampoco es dable lanzar insinuaciones infundadas de que lo esté haciendo. Dicho esto, sí cabe advertir acerca de que obras importantes estén dependiendo hoy del plumazo de un juez, que no siempre está inmerso en los intríngulis técnicos ni en las implicaciones que conlleva una megaobra que compromete millonarios recursos del Estado.

Para citar un solo caso: los oferentes que pujan por la troncal de la carrera 7.ª hicieron inversiones por 60.000 millones de pesos. Solo en pólizas las garantías suman 25.000 millones. Así mismo, la medida cautelar contra el proyecto de San Rafael no solo implica el incumplimiento de una compensación al municipio de La Calera, sino que ha dejado en entredicho las obras relacionadas con la planta de tratamiento de agua Wiesner para los bogotanos y poblaciones vecinas.

Por eso debe insistirse en que resulta contradictorio que mientras el grueso de los indicadores de Bogotá gozan de buena salud gracias a la inversión pública, sean esas mismas inversiones las que queden comprometidas por acción de algunos –no todos– actores políticos, en cuyo afán por golpear al gobierno terminan por afectar el devenir de la ciudad. Y no se trata de desconocer el derecho a la acción judicial, sino de evaluar con rigor el alcance de determinaciones que en el futuro podrían resultar costosas para los desafíos que le esperan a la capital: generación de empleos, la creciente ola migratoria, la estampida de contribuyentes, la estrechez económica del Gobierno Nacional, etc.

Algunos dirán que lo que viene ocurriendo es parte del juego político. Y puede que lo sea. Pero una cosa es la milimetría electoral y otra, la responsabilidad que, como sociedad, nos asiste para proteger el único patrimonio que no puede estar en juego: la sensatez con Bogotá. Y ello aplica para todos.

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