Blindar la red pública

Blindar la red pública

Los hospitales públicos, que son el eje del sistema, tienen que ser salvados de la corrupción.

Por: EDITORIAL 
28 de marzo 2019 , 07:46 p.m.

Los hospitales públicos son un soporte innegable del sistema de salud, pues se encargan esencialmente de atender, la mayoría de las veces, a las personas más vulnerables, incluso con las complicaciones de salud que, por su condición, otros rechazan. Además de ser el único recurso en muchas regiones apartadas.

De ahí que, no en vano, la ley estatutaria de salud elevó al rango constitucional el imperativo de proteger la red pública como un insumo básico para garantizarle a toda la población el derecho fundamental a la salud. Sin embargo, todo indica que tal precepto abre la puerta para que la existencia de estas entidades se haga a cualquier costo, incluso tan elevado como el que imponen la corrupción y la politiquería.

Aquí solo queda invocar a todas las autoridades y la comunidad para que, en conjunto con la Supersalud, blinden estas entidades.

Y es que no pasa una semana sin que se den a conocer desmanes, infracciones, desvíos y hasta saqueos en estos centros de atención, frente a los cuales el país parece anestesiado y hasta resignado a una máxima normalizada: en los hospitales del Estado falta todo y nada funciona.

Y, aunque esto pueda sonar exagerado, lo cierto es que las excepciones de rigor quedan sepultadas entre el arrume de quejas de los usuarios y los preocupantes hallazgos que periódicamente dan a conocer los entes de control.

Para la muestra está la puesta en evidencia de las rendijas recientemente encontradas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) en los hospitales San Jerónimo de Montería y San Jorge de Pereira, por las que se pierden recursos, insumos, el orden y, por supuesto, la calidad, al punto de que han tenido que ser sometidos a medidas especiales de vigilancia para evitar su colapso.

Lo grave es que de los 934 hospitales públicos habilitados, al menos diez tienen medida especial de la SNS y 390 presentan alto riesgo de inviabilidad, lo cual exige medidas urgentes en procura de salvarlos. Y tal es la tarea que sin tregua ha asumido el superintendente, que en menos de seis meses ha recorrido 22 departamentos, lanzándoles salvavidas a dichos establecimientos.

Aclarar deudas con las EPS, mejorar patrones de gestión, revisar planes de riesgo, acompañamiento en contratación, orientar recuperación fiscal y financiera, concretar flujos de recursos, denunciar actos de corrupción y señalar responsables son acciones dentro del trabajo desplegado por el supersalud y su equipo en el país con un objetivo: proteger la red pública hospitalaria.

Pero estos esfuerzos serán vanos mientras la salud y, por extensión, los centros hospitalarios en no pocos departamentos y municipios continúen siendo el botín de políticos corruptos que encuentran en ellos la forma de cobrar y pagar favores, además de beneficiar a delincuentes disfrazados de proveedores y contratistas de distinto cuño, todo en contra del bienestar de la población.

Aquí solo queda invocar a todas las autoridades y la comunidad para que, en conjunto con la Supersalud, blinden estas entidades contra los bandidos que se multiplican en años electorales, como el presente. Es hora de cualificar la red pública como un patrimonio para beneficio de todos, pues ellos deben ser, como ocurre en los países desarrollados, el eje del sistema sanitario.

editorial@eltiempo.com

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