Ante la minga

La motiva una situación crítica, pero pretende cambios que no pueden ser por esta vía.

Por: Editorial
18 de octubre 2020 , 01:21 a. m.

Son más de diez mil los integrantes de pueblos indígenas del suroccidente colombiano que, de no mediar algún suceso extraordinario, llegarán hoy a la capital en el marco de la minga “por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz”. No se trata de la primera movilización de este tipo que toca las puertas de la capital, pero sí es la primera que se desarrolla en medio de una pandemia, circunstancia que ha generado inquietud.

Frente a esta realidad, no se pueden suprimir o aplazar hasta que exista una vacuna las diferentes expresiones legítimas de descontento que puedan producirse y recurran a movilizaciones pacíficas. El desafío, que corresponde sobre todo a los organizadores de la marcha, pero también a las autoridades locales, es el de no bajar la guardia respecto al cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. Debe quedar claro que llevar a cabo una movilización de este tipo en este momento acarrea riesgos y responsabilidades adicionales.

Así mismo, no se trata de una protesta que apunte a reivindicaciones concretas en materia de provisión de bienes o servicios. Más que eso, y como sus líderes lo han dejado claro, quieren llamar la atención del país sobre la crítica situación que se vive en sus territorios. Esto, debido al deterioro del orden público, resultado de sangrientas disputas entre grupos armados por el control de rentas ilegales y del orden social. Una feroz pugna en la que los indígenas han quedado atrapados en medio de múltiples fuegos con un costo enorme: han perdido la vida 42 de sus líderes solamente este año. No hay duda de que es una tragedia. Esto hay que decirlo con total claridad y contundencia. Así mismo, hay que reconocer que algunos han sido víctimas en tiempos recientes de excesos y abusos de la Fuerza Pública, que deben ser objeto de investigación. Ahora bien, así como los mueve este justificado clamor, también parece motivar a la minga la intención de someter a examen políticas del orden nacional, e incluso han hablado de someter a un juicio político al presidente Iván Duque.

Lo primero que corresponde es dejar claro que los indígenas del suroccidente están haciendo un uso de un derecho legítimo, como lo es el de la protesta social. Y lo hacen acorde con su manera de tramitar y expresar sus posturas y demandas políticas. De ahí que se haya dado un paradójico acuerdo entre los líderes indígenas y funcionarios del Gobierno Nacional a la hora de calificar como ‘política’ esta minga, no obstante la evidente diferencia en el sentido e implicaciones del término para parte y parte. En lo que sí debería haber consenso y voluntad de trabajo conjunto es en la tarea de mantener a raya cualquier intento de infiltrar la minga por grupos armados que persiguen objetivos muy diferentes. Frente a los indicios, que se han revelado esta semana, se debe actuar para neutralizar y de ningún modo estigmatizar. No es recomendable caer en el error de reducir la protesta indígena a una amenaza a la seguridad ciudadana. Las autoridades y la guardia indígena –en lo que concierne a su autonomía constitucional– deben mantener a raya a quienes quieren pescar en río revuelto.

Su visión del rumbo que debe tomar el país es bienvenida en instancias donde pueda entrelazarse con lo que otros sectores y voces de una sociedad tan diversa tienen para aportar

También es claro que existe una evidente deuda histórica del Estado colombiano con estos pueblos. Pero hay que hacer honor a la verdad afirmando que los más recientes compromisos, esos que involucran al actual gobierno, se han concretado. En 2019 y 2020 hubo en sus territorios inversiones por 344.000 millones, mientras que para el 2021, según la ministra del Interior, Alicia Arango, ya se aseguraron recursos por el orden de los 296.000 millones. En general, se habla de un cumplimiento del 80 por ciento de los compromisos del Ejecutivo tras la movilización del año pasado. Aun así, ante el anuncio de la minga, el Ejecutivo dispuso de una nutrida delegación que se desplazó esta semana a Cali para intentar llegar a un acuerdo, lo cual no ocurrió, ante la insistencia de los líderes indígenas de sentarse a la mesa con el Presidente.

Con todo esto claro, hay que reiterar la gravedad de la crisis que se vive en el suroccidente, que tan duramente ha golpeado a los pueblos indígenas. Urge una acción del Estado que vaya mucho más allá de lo militar. El acuerdo de paz sigue siendo la hoja de ruta por excelencia para alcanzar este objetivo. Ahora bien, reconocer esta realidad no impide guardar distancia y advertir sobre lo inconveniente –incluso para los mismos pueblos indígenas– de su voluntad de llevar a otra esfera la representación que ostentan sus líderes y por este camino presionar cambios estructurales en terrenos como la política económica, por vías que no son las que la democracia dispone para ello. Su visión del rumbo que debe tomar el país es bienvenida en instancias de diálogo como la conversación nacional, o en el mismo Congreso, donde a través de la deliberación puede entrelazarse con lo que otros sectores y voces de una sociedad tan diversa como la nuestra tienen para aportar en un plano de igualdad.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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