Alternativas a cocaleros

Alternativas a cocaleros

El proyecto para blindar de la persecución penal a cultivadores de coca debe mirarse con sensatez.

30 de octubre 2017 , 01:28 a.m.

Tras los estragos y las lecciones de casi medio siglo de lucha contra el narcotráfico, es claro que uno de los pilares básicos es ofrecer a las más de 106.000 familias que hoy viven de los cultivos de coca alternativas reales de desarrollo que les permitan escapar de los cantos de sirena de los narcos.

Son casi medio millón de compatriotas que habitan en condiciones marginales y cuyos ingresos mensuales por esta vía están, en promedio, entre uno y dos salarios mínimos, según un documento del Ministerio de Justicia.

Pero la existencia en nuestro país de los mayores sembrados de coca en el mundo es también una de las razones principales de la persistencia del conflicto armado y todas las formas de violencia que se realimentan del narcotráfico.

De allí lo fundamental que resulta para el futuro de todas esas regiones la paz con las Farc. Y por eso la importancia de proteger a quienes en realidad han sido víctimas de la marginalidad, pero, así mismo, de garantizar que no sigan jugando para los narcos.

Los pactos de sustitución que el Ministerio para el Posconflicto viene firmando por todo el país y los programas productivos y de llegada de vías y, en general, de Estado a esas regiones son la mayor apuesta para una solución definitiva en la materia. Esos pactos, cuyo cumplimiento verifica la ONU, contemplan una estrategia que le arranca comunidades enteras al negocio de la coca. Y es una estrategia acertada.

En esa línea, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto que pretende blindar de la persecución penal a quienes han sembrado la coca. Y el contenido de tal iniciativa, revelada por este diario, despertó una dura polémica con la Fiscalía que debe terminar, como toca y por el bien del país, en un debate que mantenga lo mejor de la propuesta pero que también corrija lo que haya que corregir.

Urge un debate que mantenga
lo mejor de la propuesta, pero que también corrija lo que haya que corregir

Nadie pretende, y el fiscal Néstor Humberto Martínez lo ha dicho, meter en la cárcel a esas 106.000 familias cocaleras. Pero el propósito de poner a cuantos siembran a salvo de la cárcel no puede dar pie a beneficios penales, por ejemplo, para quienes financien cultivos o a quienes no los sustituyan. Ese riesgo, que según el Gobierno no existe, se debe revisar.

También llama la atención el plazo de un año que tendrían las familias cocaleras para tener, sin temor de ir a la cárcel, sembrados de hasta 3,8 hectáreas, área dos o tres veces más grande que la que hoy cultivan ilegalmente en la mayoría de departamentos.

Las experiencias de manejos errados son amargas: el mar de coca hoy existente en el Catatumbo está ligado a la equivocada decisión tomada en 2013 de suspender toda acción contra los cultivos para levantar el paro agrario en la zona. Allá muchas familias recibieron subsidios del Gobierno y siguieron sembrando coca.

Y también está el antecedente de la disparada de la coca durante el proceso de paz con las Farc, que sembraron la idea de que tener coca les daría formas para presionar mejores ofertas del Gobierno.

En este asunto vital se necesitan realismo y sensatez. Analizar y atender, cuando proceda, las observaciones, pues los reparos del Fiscal pueden ser, antes que un palo en la rueda, una salvaguarda para el éxito del posconflicto.

editorial@eltiempo.com

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