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Aguilar: fin a una burla

Se equivocan quienes creen que patrimonios con origen ilegal se pueden esconder fácilmente.

Editorial .
El pasado domingo, desde estos renglones hacíamos énfasis en que todos los esfuerzos de la Fiscalía por rastrear fortunas mal habidas, sean de la guerrilla o de los paramilitares, son particularmente loables porque a la larga lo que se busca es que se cumpla el derecho que las víctimas tienen a la reparación. En esa oportunidad, el motivo de la exhortación fueron las acciones del ente acusador contra supuestos testaferros de las Farc.
Un caso tristemente emblemático en la otra orilla, la de los paramilitares, es el del exgobernador de Santander Hugo Aguilar. Por haberse aliado con facciones de las autodefensas que operaban en Santander cuando aspiró a la gobernación en 2003, la Corte Suprema lo condenó a nueve años de prisión y al pago de una multa de 6.337 millones, dinero que debería destinarse al fin ya mencionado.
Pero Aguilar, dando muestras de cinismo, aseguraba no contar con dichos recursos, al tiempo que se pavoneaba por las calles de Bucaramanga en un lujoso Porsche último modelo. Vecinos de costosos inmuebles cuya propiedad se le atribuía en diferentes municipios de Santander tampoco entendían cómo es que frecuentaba y realizaba mejoras en estos, al tiempo que negaba disponer de los fondos para el pago de la sanción pecuniaria.
Esta fue la foto que se publicó en donde se ve al exgobernador Hugo Aguilar en un Porsche. Crédito foto: Semana.

Esta fue la foto que se publicó en donde se ve al exgobernador Hugo Aguilar en un Porsche. Crédito foto: Semana.

Foto:BBC

La respuesta a la pregunta la comenzó a dar el ente acusador al presentar las razones por las que ordenó la semana pasada su captura. Al justificar dicho procedimiento, expuso las maniobras que este, al parecer, hizo para ocultar su fortuna –que incluyeron un divorcio aparentemente de papel–, proceder que hoy lo tiene de nuevo tras las rejas, le valió un nuevo proceso, esta vez por lavado de activos.
El mensaje tiene dos puntas. La primera, que se equivocan quienes creen que patrimonios con origen ilegal se pueden esconder fácilmente. La segunda, que el compromiso del Estado para garantizarles a las víctimas la reparación es real y, como debe ser, ajeno a cualquier matiz político.
editorial@eltiempo.com
Editorial .
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