Aborto, otra vez

Aborto, otra vez

Es vergonzosa la demora del Congreso en reglamentar la sentencia que lo despenalizó en tres causales

Por: Editorial
14 de febrero 2020 , 08:29 p.m.

Hace 14 años el país espera que el Congreso de la República tome en serio su papel y cumpla con la responsabilidad que tiene de reglamentar la sentencia C-355, que despenalizó el aborto en tres causales. Es una demora vergonzosa y demuestra, una vez más, la apatía de la mayoría de los congresistas hacia los temas que no generan beneficios electorales. En otras palabras, les son indiferentes los asuntos que involucran aspectos sensibles para la sociedad, como este o el de la eutanasia –solo para mencionar dos–.

Y esto no pasaría de ser un elemento anecdótico u otra reseña para describir al Legislativo, si no fuera porque dicha tardanza enturbia un debate que, por el tiempo transcurrido, ya debería tener pasos en firme hacia adelante y no retrocesos, como hoy se evidencia.

Justamente, esa falta de claridad sirvió para que dos hechos volvieran a polarizar el país al respecto: una demanda ante la Corte Constitucional que pide la penalización del aborto en todas sus formas y un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que, amparado en una de las causales, se hizo a los siete meses de gestación.

Para empezar, estos hechos no debieron aparecer en razón de que el país ya debería estar maduro para saber que una sentencia de la Corte Constitucional emitida desde el 2006 y ratificada de manera progresiva en al menos una decena de veces debería estar lo suficientemente firme y sólida para actuar sobre ella y no pensar en tumbarla.

Una verdadera política de derechos sexuales y reproductivos evitaría que este sea uno más de los métodos anticonceptivos.

Por otra parte, que una solicitud de IVE tenga que realizarse en edades tan avanzadas de la gestación –lo cual es todas luces doloroso y traumático en todos los niveles– demuestra, como en el 90 por ciento de estos casos, que a estas dilaciones se llega por las trabas, los obstáculos, las barreras, la estigmatización y la revictimización indebidas a las que son sometidas las mujeres que creyendo en la legalidad de estos procesos acuden a ellos. El espectáculo no puede ser peor que el brindado al pararse sobre los efectos y no sobre las causas. Voces que van y vienen, así como calificativos que destruyen y, por encima de todo, impiden ver el asunto en toda su complejidad.

Son tales el desorden y la pérdida de la credibilidad que mientras las voces que más gritan se rasgan las vestiduras de lado y lado, miles de mujeres optan por alternativas ilegales e inseguras para terminar con sus embarazos (muchos de los cuales podrían ampararse en la despenalización) y acaban engrosando las cifras de enfermedad y muerte materna, que se han convertido en una de las principales causas de años de vida saludables perdidos en el país. Frente a este fenómeno, cada día más creciente, no se escucha una sola opinión. Tampoco acerca de la imperiosa necesidad de dedicar muchos más esfuerzos a la prevención de embarazos no deseados.

Propender a una verdadera política integral de derechos sexuales y reproductivos que no se quede en el papel, además de un Congreso menos conveniente, evitaría que el aborto en todas sus formas sea uno más de los métodos anticonceptivos en el país –tal como ocurre hoy, lo cual es inaceptable– y que de tanto en tanto se presenten estos debates, a la postre inocuos.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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