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‘Su nombre es hoy’

¿Ley de Cero a Siempre fue apuesta exclusiva de un gobierno o es una verdadera política de Estado?

Yolanda Reyes
El 19 de febrero por la mañana, Juliana Pungiluppi, la hoy saliente directora del ICBF, se había comprometido en una entrevista a resolver los problemas de contratación que tenían a la primera infancia más vulnerable del país sin atención integral en los centros de desarrollo infantil y en otras modalidades del instituto.
Para decirlo de manera sencilla, en la tercera semana de febrero no había jardines para más de medio millón de niños menores de 5 años, lo que significaba que no había desayuno, almuerzo ni meriendas, ni espacios donde pudieran atenderlos integralmente (nutrirlos, cuidarlos, educarlos y acompañar su desarrollo). Si usted tiene hijos pequeños, puede imaginar la pesadilla de hacerse estas preguntas al comenzar la semana: ¿con quién dejo a mis niños? ¿Cómo los alimento? ¿Quién los cuida?
De manera sorpresiva, el 19 de febrero por la tarde, los medios informaron de la renuncia, “por motivos personales”, de la misma directora que horas antes había prometido agilizar la contratación, y reprodujeron, sin hacer preguntas, un comunicado del ICBF en el que se enumeraban sus logros. Entre estos figuraba el “aumento del 10 por ciento en las adopciones de niñas, niños y adolescentes” –¡ay de este país que se ufana de ser potencia en trámites de niños no deseados!– y “la transformación del modelo de contratación de servicios de primera infancia”, que era, justamente, el causante del incumplimiento. El presidente Duque se sumó al coro con alguno de esos lugares comunes de agradecimiento por “el compromiso en pro de la infancia”.
Aunque esa banalidad mediática y presidencial en el tratamiento de la infancia no es nueva, sí ilustra un retroceso en un asunto que comenzaba a entenderse –al menos en teoría– como prioridad política. ¿Qué pasó con la ley de Cero a Siempre, sancionada en el gobierno Santos? ¿Se trató de la apuesta exclusiva de un gobierno (o de una ‘primera dama’), o de una verdadera política de Estado? ¿Qué significa que tantos niños a cargo del ICBF regresen desnutridos después de unas ‘vacaciones’ forzosas, y que miles de ellos sigan hoy sin jardines? ¿Cómo se mide el impacto de ese tiempo sin atención durante el momento crucial del desarrollo? Frente al total de esas vidas que suman doce o veinticuatro meses, ¿qué porcentaje representa cada día o cada semana sin garantía de derechos? ¿Qué pierden esos niños y sus familias; qué pierde este país?
Si más del 60 por ciento del presupuesto billonario anual del ICBF se dirige a la atención integral de la primera infancia, el proceso de contratar operadores con la debida anticipación, teniendo en cuenta los criterios de calidad y transparencia hacia los que apuntaba la directora y evitando la corrupción, por supuesto, era un trabajo de alta complejidad que, más allá de buenas intenciones, requería un equipo técnico calificado para prever las contingencias, pero sin interrumpir los servicios.
En un comunicado, el instituto pidió excusas a los padres de familia y mencionó el “sacrificio que será compensado con alta calidad en el servicio para garantizar el mejor futuro de los niños y las niñas”. Al leerlo, pensé en las palabras de Gabriela Mistral: “Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando... A los niños no podemos contestarles mañana; su nombre es hoy”.
Frente al desafío de manejar el ICBF, conviene recordar esa urgencia de los niños que tiene que estar clara siempre: en cualquier administración, en todos los gobiernos, y también en esta sociedad que es corresponsable de todo lo que hagamos o dejemos de hacer por nuestros niños.
YOLANDA REYES
Yolanda Reyes
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