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‘Populismo punitivo’

Duque no ha asumido su responsabilidad como jefe de Estado por la vulneración de derechos de niños.

Yolanda Reyes
Cada cierto tiempo, por lo general en épocas electorales o de impopularidad presidencial, uno de esos delitos sexuales contra menores de edad que a todos nos horrorizan activa un engranaje de voces que claman por la cadena perpetua para que el agresor ‘se pudra’ hasta el día de su muerte en una cárcel y nos evite el trabajo de analizar qué está pasando –y, sobre todo, qué no, de tanto que no hace este país– para garantizar la protección de las niñas, los niños y los adolescentes.
Ese deseo idílico de esconder también la perturbadora mezcla de miedo, culpa y negación que experimentamos por eludir la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, tan claramente expuesta en el artículo 44 de la Constitución sobre la prevalencia de los derechos de los niños, nos impulsa a situar la responsabilidad en el ‘monstruo’ de turno, como ocurre con los lobos y los monstruos de los cuentos de los niños. Y así, si él es el malo, nosotros podemos ser los buenos y ser comandados por unos héroes que asumen la cruzada. En esta ocasión, el presidente Duque ha hecho gala de una firmeza repentina para ser el superhéroe, en vez de asumir su responsabilidad como jefe de Estado por la vulneración de los derechos de los niños, y su Vicepresidenta le ha hecho eco: “Lástima que no haya prisión perpetua, lástima que no haya pena de muerte, porque es que estos criminales no merecen sino eso”, declaró, como si se tratara del rapto de indignación de una señora en un ámbito doméstico, y no de una postura de gobierno. ¿O acaso este gobierno aboga por la pena de muerte?
Precisamente para mitigar semejantes manifestaciones emotivas, Gloria Borrero, la anterior ministra de Justicia, le había encargado un concepto técnico a la Comisión Asesora de Política Criminal, en febrero de este año. Tres meses después, el grupo de expertos entregó un documento en el que sustentó, con criterios académicos y técnicos, no solo la inconveniencia sino también la inutilidad de aplicar la cadena perpetua. El concepto negativo fue enviado varias veces a Margarita Cabello, la nueva ministra, con la solicitud de una reunión para exponer el trabajo, pero, tal como suele suceder aquí cuando la respuesta se aparta del deseo, la ministra manifestó que el concepto de la comisión “no es vinculante”, que esa entidad consultiva trabaja ‘ad honorem’ y el Ministerio de Justicia busca oír a la academia constantemente, para su análisis en las definiciones jurídicas posteriores..., etcétera. Como quien dice, la eterna y vieja historia de las comisiones de expertos (o de ‘sabios’: vayan tomando nota).
La ignorancia del Gobierno frente al informe técnico motivó la renuncia de Ricardo Posada Maya, el presidente de la comisión, quien es también el director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. “No hay ninguna evidencia que permita asegurar que condenar a cadena perpetua a quienes sean procesados por delitos graves en contra de los niños lleve a una reducción de ese tipo de agresiones”, se lee en el documento que argumenta lo que se ha estudiado sobre la garantía de los derechos de los niños como la forma de prevención de los delitos contra ellos.
“Se desplaza claramente el análisis profundo de nuestra estructura social para encontrar las raíces de nuestra violencia y se evita lo realmente importante: la atención del Estado a las necesidades básicas de niños y adolescentes”.
Ese concepto, que sí es éticamente vinculante, les devuelve a la sociedad y el Estado ‘la agencia’ para garantizar los derechos de los niños. Sin esas acciones, podemos aumentar las penas a cien años. Y, en medio del populismo punitivo, ahí siguen los niños: en cualquier semáforo, a la vuelta de la esquina.
YOLANDA REYES
Yolanda Reyes
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