‘Obesidad jurídica’

‘Obesidad jurídica’

En estos tiempos, es una prueba de competencias de lectura estar al tanto de las reglamentaciones.

15 de junio 2020 , 01:22 a.m.

Cuando comenzó la cuarentena, me imaginé que había llegado ese tiempo siempre tan esquivo entre las prisas cotidianas para leer. Lo que jamás imaginé fue que las lecturas que me iban a secar el cerebro no iban a ser precisamente literarias. Después de una primera fase en la que devoré compulsivamente cifras, trinos y ‘fake news’ sobre la pandemia, me he especializado, muy a mi pesar, en directivas, directrices, decretos, circulares, lineamientos, orientaciones, abecés, protocolos y otros textos de dudosa calidad técnica y estilística que suelen empezar por el gerundio ‘considerando’, y al que le siguen páginas interminables de que, y qué de qué, para recorrer de prisa con los dedos, como lo saben hacer los abogados.

Ese cúmulo de normas que constituyen el corpus denominado “normativa desarrollada por el Gobierno Nacional para afrontar el Coronavirus (COVID-19), categorizada por las entidades competentes” se puede encontrar reunido, aunque no siempre actualizado (y es comprensible, pues ni siquiera el mismo Gobierno alcanzaría a copiar y pegar semejante producción interminable), en el sitio web de la Consejería para las Regiones. ‘El Estado no tiene por qué ser aburrido ¡conoce a gov.co!’ es el lema del portal en el que el ciudadano puede entretenerse durante horas, días, meses, ¡y años, al paso que vamos!, leyendo todos los protocolos e instructivos que necesitará tener en cuenta en caso de estar considerando dar una vuelta a la manzana con niños menores de tres años o con niñas mayores de seis, acompañar a una ‘abuelita’ al banco, evitar la obesidad, el sedentarismo y otras comorbilidades vergonzosas con una caminata en los horarios permitidos o teletrabajar o trabajar, si logra saber cómo. Por supuesto, la normativa se debe cotejar con la de las alcaldías, pues a veces ordenan exactamente lo contrario.

Pero volvamos al ámbito nacional: desde las normas emitidas por la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el de Educación, el de Minas o el de Cultura, hasta las de la Contraloría, el Instituto de Antropología, la Policía, el ICBF, el DNP y todas las siglas conocidas y por conocer, hay disposiciones para regularlo todo. Es una prueba de competencias de lectura (y de velocidad lectora) estar al tanto de las reglamentaciones, de las contradicciones sucesivas, y de los retractos consiguientes, y en eso coincido con la ministra de Educación, quien hace unos días les recomendó a familias, maestros y periodistas una lectura más a fondo de los documentos emitidos por su despacho, para evitar la confusión generada por titulares que anunciaban que “la alternancia educativa comenzará el 1.º de agosto”. Según la ministra, lo que se había escrito era que la alternancia “comenzaría a prepararse” a partir de agosto.

En esa ambigüedad entre la contundencia del futuro, en modo oficial, y el condicional en el que se conjuga esta pandemia, cabe una inmensa gama de incisos e interpretaciones, según nos gusta en este país que repite el dicho tan diciente de ‘una vez hecha la ley, hecha la trampa’. Quizás la reacción ante la falta de control sobre la realidad, que –conviene recordar– en Colombia no comenzó con la pandemia, es esa apariencia de control excesivo que ha derivado en lo que el representante Juan Fernando Reyes, autor de una iniciativa (otra más) para evitar el exceso de normas, llama “obesidad jurídica”.

“Desde el 2000 hasta la actualidad se han producido 77.000 normas”, afirma el congresista. Su proyecto, seguramente tan detallado como las normas que pretende eliminar, hará “una revisión de los trámites existentes y emitirá un informe público para señalar los que deben ser eliminados”. Viéndolo bien, el Estado sí puede ser muy entretenido.

YOLANDA REYES

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