Masacrar la esperanza

Masacrar la esperanza

Sabemos lo que significa ese campo semántico de las masacres, con prácticas macabras y víctimas.

24 de agosto 2020 , 12:49 a. m.

Niños masacrados en unos cañaduzales o en el camino hacia la escuela. Jóvenes masacrados en un asado. Indígenas y líderes repetidamente masacrados frente a la impotencia, por no decir la indiferencia (y muchas veces también la connivencia) nacional. Quiero repetir esa palabra, ‘masacrados’; quiero “exactitudes aterradoras”, como dice el poeta Rafael Cadenas (“estamos aquí para decir verdad”), porque todos los colombianos –incluido el Presidente, así finja no saber, así busque eufemismos– sabemos lo que significa ese campo semántico de las masacres, con sus prácticas macabras y sus víctimas.

¿Cómo es posible fingir que no vemos esa figura que vuelve a dibujarse juntando en el mapa los puntos, los muertos y las viejas escenas? Decenas de muertos que no son de la élite ni del centro del país; guerra degradada con estigmatización ideológica y racial que pretende ‘dar escarmiento’ a personas libradas a su suerte. Gente que intenta convivir, crecer, estudiar, celebrar y moverse entre el fuego cruzado de los grupos armados y las nuevas y las antiguas disidencias, en territorios estratégicos por los que transita la ilegalidad. Estado que no ha estado durante años, o siglos, que pretende no enterarse, y que suele llegar cuando ya es demasiado tarde...

Nadie que haya vivido o heredado o leído la historia reciente de Colombia puede declararse sorprendido frente a estos patrones ‘familiares’ de violencia ni ignorar las palabras que los nombran. Y, sin embargo, hay algo demoledor en esta forma actual de ensañarse contra los más jóvenes.

Es imposible no acusar recibo de la exactitud aterradora del mensaje. Estamos hablando de una generación a la que, hace un par de años, imaginábamos como la primera que podía soñar con un proyecto de vida en paz, y verla masacrada rebobina las imágenes de otras masacres perpetradas en círculos rituales, al ritmo de tambores, que creíamos (ilusos que fuimos, que somos) superadas. Si bien sabíamos, o deberíamos haber sabido –y sobre todo el Gobierno–, que el proceso de paz con las Farc comenzaba apenas con la firma de los acuerdos y sabíamos también, o deberíamos haber sabido, que sus espacios de poder iban a ser ocupados por otros actores ilegales, a menos que hubiera un trabajo de construcción deliberado, ver muertos a estos niños, niñas y jóvenes que podrían haber sido nuestra primera generación de paz es ver muerta la esperanza. Sé que suena a lugar común decir que los jóvenes son la esperanza. Pero eso son, tal vez con la excepción de este país. Ese es el simbolismo detrás. Y es muy grave.

Además de preguntarse a quiénes convienen, y quiénes interpretan de maneras tan peculiares, los mensajes sobre la muerte de la paz, aquí cabe otra pregunta sobre la responsabilidad del Gobierno central y la de los gobiernos locales en esta competencia por las formas de matar y de crear control en los territorios por los que transita el narcotráfico. El término de la “crimilegalidad”, acuñado por el profesor Markus Schultze-Kraft para describir ese contínuum sin fronteras definidas en las relaciones entre el crimen organizado y el poder político, da luces para entender muchos mensajes que a veces interpretamos como negligencia o indiferencia estatal, sin dilucidar las interacciones ni los engranajes que están en juego, y que solo se pueden enfrentar si comenzamos por nombrarlos.

El contraste entre los jóvenes de Samaniego marchando por las calles con sus pancartas que dicen ‘No somos juventud Farc’ y ‘No estamos todos, faltan los nueve’ y la banalidad de los mensajes del presidente Duque, que, frente a la masacre, les ofrece arreglar una cancha deportiva es un hecho de lenguaje. Una postura en algún punto del contínuum que nos devuelve al viejo diccionario.

YOLANDA REYES

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