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La industria del miedo

La industria del miedo

No todos los grupos ni todos sus miembros participan en actividades ilegales.

12 de julio 2021 , 01:22 a. m.

Mientras la CIDH entregaba el informe de su visita a Colombia y el presidente Duque reaccionaba ofendido, como un escolar que considera injusta una nota sin leer la evaluación en la que está sustentada, el asesinato del presidente de Haití y la detención de un grupo de exmilitares colombianos involucrados en los hechos reforzaban un mensaje de alerta sobre el desempeño ‘militar’, –o, más bien, paramilitar– en Colombia. Aunque las dos noticias puedan leerse como hechos aislados, la preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza en las protestas ciudadanas por la policía, que expresó el informe de la CIDH, y la oscura presencia de pensionados del Ejército en Haití comparten un subtexto que el mundo entero conoce.

Para usar términos de moda, la industria del miedo, con sus oficios, sus oficiales y su narrativa que justifica el uso de la fuerza para defender una supuesta institucionalidad, es uno de nuestros “estallidos de emprendimiento” y está ubicada en esa frontera porosa que ha crecido entre lo militar y lo paramilitar. Esa línea tenue que se puede atravesar bajo el pretexto de “La Seguridad” ha tejido una urdimbre en la que caben desde los escoltas o los vigilantes privados de cada esquina del país hasta las bandas criminales que custodian corredores estratégicos por los que circula la economía ilegal. Aunque, por supuesto, no todos los grupos ni todos sus miembros participan en actividades ilegales, hay una experiencia común en la que se entrena el ‘talento humano’ de nuestros ejércitos y un campo de prácticas en este terreno real, que es nuestra guerra perpetua. Resulta difícil encontrar un campo de entrenamiento más propicio para fichar mercenarios que trabajen en Haití, en Dubái, o en donde sean requeridos.

El currículo oculto que asocia el poder de las armas con el poder económico y que ha derivado en desplazamientos y crímenes contra los más vulnerables, como el de los ‘falsos positivos’, por citar un ejemplo, puede leerse entre líneas en el informe de la CIDH, que alude a “los altos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social” y a la respuesta del Estado caracterizada por “el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”. Eludir los llamados de la Comisión sobre el uso de la Fuerza Pública para que responda a los criterios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad” y distinga a los actores violentos de aquellos que ejercen el legítimo derecho de manifestación es aplazar una toma de posición urgente sobre las líneas que no se pueden seguir traspasando en este país, si quiere seguir siendo una democracia.

Dice el informe de la CIDH que “recibió información extremadamente preocupante sobre la posible actuación de personas armadas vestidas de civil, algunas de las cuales habrían obrado aparentemente con aquiescencia de miembros de la Policía”. Menciona también que “personas civiles armadas se desplazaban en motocicletas y camionetas con las placas tapadas en el momento de intimidar, agredir y hostigar a manifestantes o a quienes huían de los enfrentamientos”, y que “tomó nota de la información pública sobre un grupo de personas de civil portando armas de fuego, que se trasladaba en un camión presuntamente registrado como propiedad de la Policía Nacional de Colombia”.

La asociación entre estos hechos y los de los militares retirados que debían presentarse con pasaporte vigente, pantalón caqui y camiseta negra para ser reclutados por empresas de seguridad y hacer tareas que ni siquiera ellos conocían y que hoy sabemos que fueron desempeñadas en Haití es un secreto a voces en todo el mundo.

Aquí también todos lo sabemos (menos el Presidente, que insiste en fingir que no sabe nada).

YOLANDA REYES

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