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La discusión esencial

La discusión esencial

Hay que preguntarle al Gobierno cuántos recursos va a invertir en vacunación y educación.

Hoy, después de haber completado más de un año de cierre educativo en Colombia, alrededor de siete millones de estudiantes regresan de “vacaciones” –es un decir– a esa nata borrosa de tiempo en la que todo da igual, de lunes a lunes, de enero a diciembre. Vuelven de procesiones turísticas multitudinarias, en vehículos abarrotados, a soportar otro primer día de colegio sin colegio, para garantizar un distanciamiento social que nadie más cumple.

Si ustedes sienten estar leyendo una columna repetida, multipliquen por más de siete millones el hastío con el que tantos niños y niñas de Colombia repiten hoy la lectura de guías en blanco y negro, sin matices ni ayuda adulta, y hacen los mismos ejercicios (diez vueltas, contando pasos, entre la cocina y el baño), sin compartir sus saberes, sus preguntas y sus vidas, que tanto enseñan, con el profe y los compañeros.

Y, ya que estamos monotemáticos, examinemos este problema, que no es solo matemático, en las cifras de marzo: el 21 % de los establecimientos oficiales del país están abiertos, en comparación con el 33 % del sector privado, y por cada alumno de colegio privado que no va al colegio hay seis de colegio oficial. En Bogotá solo ha asistido al programa de alternancia el 2 % de estudiantes de colegios oficiales y el 20 % de los de colegios privados, y la situación no es distinta en otros lugares. No hay que ser aventajado en matemáticas ni sociales para deducir en contra de cuál sector se agranda la brecha.

Lo insólito, sin embargo, es que la manera de reaccionar frente a esta catástrofe educativa que millones de niños colombianos deberán asumir, como una deuda injusta, sea la división entre bandos. En vez de abordar, como adultos corresponsables, la urgencia por solucionar un problema que afecta al mayor tesoro de la nación –y no estoy diciendo una frase hecha, sino hablando del recurso más valioso con el que cuenta cualquier país, que son sus estudiantes–, el debate se está reduciendo a adhesiones esquemáticas: o se apoya a Fecode o se habla, supuestamente, desde unas “barras bravas duquistas” o desde la derecha, el Centro Democrático o los empresarios de la educación. En el lado inverso, la “culpa” se le atribuye a Fecode y se considera que “todos” los maestros del sector oficial son ‘vagos’ o ‘castrochavistas’, que se aprovechan de la pandemia y se los descalifica con estigmatizaciones así.

Mientras esas mentes en desarrollo, que aprenden cualquier cosa en el momento crucial de sus vidas, padecen ese desdén frente a los puntos de vista de los diversos agentes y sectores que configuran sus comunidades educativas, y que deberían asumir juntos la veeduría frente al Estado para presionarlo a abrir paulatinamente las escuelas con protocolos de bioseguridad, el que sale ganando, y lavándose las manos, es ese Estado.

En vez de hacer control político sobre cuál ha sido la gestión del Ministerio y de las secretarías de Educación y, por supuesto, la de los gobernadores, los alcaldes y el Presidente, les estamos haciendo el favor de dividirnos y de acusar a quienes no tienen recursos ni poder político, ni la misión de gestionar la educación y la comunicación con los sindicatos, para distraer a la opinión pública sobre las responsabilidades del Gobierno en esta catástrofe educativa, que es parte de una emergencia social sin precedentes.

Si el Gobierno considera una prioridad gastar alrededor de cuatro mil millones de dólares en renovar los aviones militares para defendernos, supuestamente, de Venezuela, hay que preguntarle cuántos recursos considera prioritarios para invertir en vacunación y medidas de bioseguridad en el sector escolar para defender a los niños del retroceso mental y emocional que les estamos causando. Ese el debate urgente. No podemos equivocarnos.

YOLANDA REYES

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