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El entramado educativo del plagio

El entramado educativo del plagio

Con el escándalo de Arias estalló un problema de fondo: la calidad y sentido de la educación.

28 de noviembre 2021 , 09:47 p. m.

“Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes y posee una maestría en Gobierno y Políticas Públicas con tesis plagiada, según la Universidad Externado de Colombia”, dice la cita de Wikipedia. Estamos hablando, ya todo el país lo sabe, de Jennifer Arias, la presidenta de la Cámara de Representantes. Se trata del currículo de quien preside una de las instancias del Parlamento: ese lugar donde la palabra es la base del ejercicio democrático. Dirán que Wikipedia no es una autoridad, que se trata de una persecución política y también, como se ha lamentado la congresista, que el Externado no la escuchó antes de hacer público el comunicado sobre el plagio.

¿Qué tenía que “escuchar” la universidad, después de haber constatado que Arias y su compañera de tesis habían copiado varios párrafos del artículo de un autor, sin citar su nombre? ¿Qué les iban a preguntar, cinco años después de presentada la tesis, si basta con leer y comparar los textos en el portal de PlagioSOS o en la prensa nacional?

Cualquiera que busque esas páginas podrá ver que, en los pasajes copiados, solo se cambian un par de sustantivos o el orden de alguna frase. El resto es copiar y pegar, y todos sabemos no solo cómo se hace, sino qué significa borrar al autor y apropiarse de ese trabajo dispendioso que requirió de tanto tiempo para nutrirse con las lecturas y con el conocimiento disponible, y para hilar luego una palabra con otra, y tachar tantas veces, y releer y rescribir hasta añadir alguna puntada a esa construcción colectiva del conocimiento. Si la sociedad le otorga a ese proceso un lugar en “la academia” y si ha consagrado como un derecho el producto de ese trabajo, ahí están las preguntas cruciales que aún no se han hecho.

No son preguntas que deban trasladarse exclusivamente a las cortes, a la Fiscalía o a los partidos –ni se trata, como solemos hacer aquí, de reducir el asunto a una toma de posición según filiaciones políticas–, sino de hacer un debate profundo que atraviesa todo nuestro sistema educativo.

Más allá de los pormenores sobre la existencia de manuscritos no autorizados (y quizás enmendados posteriormente) y de la obsesión nacional por buscar defensores expertos en vericuetos, en pruebas que jamás aparecen y en vencimiento de términos, lo que estalla una vez más con el escandalito de Arias es un problema de fondo que tiene que ver con la calidad y el sentido que le damos a la educación en este país y con la distorsión entre su valor cultural y su precio como mercancía que se transa en el mercado de los posgrados, y que se ha convertido en un requisito de cartón para el ascenso laboral y social.

Se trata de un debate que debería involucrar, en primera instancia, a las universidades que –por supuesto, con excepciones– le están haciendo el juego a esa cultura de la rapidez educativa y que alimentan, con su proliferación de admisiones y de títulos, un mercado paralelo de fábricas de escritura. Basta con leer anuncios por internet que venden “asesorías” para proyectos universitarios y que facilitan a quienes llaman “sus clientes” procesos de investigación, redacción y corrección, “con estricta confidencialidad”. (¿La confidencialidad será para que el profesor de la universidad, que debería facilitar esos procesos, no se entere de que su alumno no pudo aprender, o no tuvo tiempo de hacerlo?)

“Contamos con más de 1.200 trabajos aprobados en los últimos 5 años”, cito uno de los anuncios que circulan en ese mercado del menosprecio por el trabajo intelectual que se aprende desde los primeros años de escuela, cuando nos enseñan a copiar dictados ajenos y hacer buena letra, pero sin ese esfuerzo que implica tratar de decir algo propio.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO aquí).

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