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Colombia contra los niños

Colombia contra los niños

¿Cuáles son las estrategias de prevención del Estado?

22 de marzo 2021 , 12:21 a. m.

Sabemos que Dana Lizeth Montilla, la adolescente de dieciséis años que fue víctima del bombardeo al campamento de alias Gentil Duarte en el Guaviare, y justificada como “máquina de guerra” por el ministro de Defensa –sin ninguna sanción ni consecuencia política–, quería terminar décimo grado. Sabemos, por el intercambio de WhatsApp con su profesor, que intentó estudiar virtualmente, pero que en noviembre de 2020 ya estaba reportada como retirada del colegio. Sabemos que el profesor activó, como corresponde, la ruta por reclutamiento, que involucra al alcalde, al personero, al defensor del Pueblo y al ICBF, y que, también como corresponde, no pasó nada.

Sabemos de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre reclutamiento armado en la zona. Sabemos, para ir más atrás, que en junio de 2016, cuando el frente primero de las Farc, liderado por alias Gentil Duarte, anunció que no continuaría el proceso de paz y se iría a la disidencia, era previsible que su decisión afectaría a los habitantes de esas veredas y que quienes no se plegaran a las órdenes del nuevo grupo serían víctimas de desplazamiento forzado.

Sabemos –o no, mentiras: nunca sabemos, o fingimos no saberlo– que esa guerra de disidencias iba a repercutir en el reclutamiento de niños, y que, exactamente igual que siempre, la cuerda se rompería por el lado más débil. Sabemos, o deberíamos saber, antes de olvidar su historia para pasar a la siguiente indignación, que la muerte de Danna Lizeth no es un “daño colateral” ni un “castigo” a una “máquina de guerra”, sino una práctica infame y habitual que se ha ensañado con los niños y las niñas más vulnerables, frente a la indiferencia nacional y la irresponsabilidad del Gobierno. Mientras escribo esta columna que parece un disco rayado, muchas adolescentes como Danna caminan sobre este campo minado que es gran parte de Colombia, y su destino es un libreto heredado de generación en generación que sabemos cómo va a terminar.

Sabemos, y lo sabe el Gobierno, que, con el cierre de las instituciones escolares por causa de la pandemia, las cifras de reclutamiento infantil aumentarían (la información disponible de 2020 muestra un incremento mayor del 15 % con respecto al dato de 2019). Y sin idealizar el papel de la escuela –pues antes de la pandemia los colegios de la zona tenían carencias de infraestructura, de servicios sanitarios y de agua potable–, era sabido también que en esos municipios señalados por las alertas tempranas estaban matriculados alrededor de 16.000 niños y que la ausencia de esa institucionalidad que ejerce la escuela, con sus tareas de contención y control, mezclada con el confinamiento de una población aún más empobrecida y desempleada, y por lo tanto, más dependiente de los grupos armados, justificaba todas las alarmas y todas las acciones de prevención. ¿Por qué todo este saber no suscitó una acción estatal decidida?

Si sabemos de sobra que los niños –y no solo en esas veredas del Guaviare– se van por miedo, por hambre, por un celular o por falta de opciones, y que sus familias, aterrorizadas por los reclutadores, son víctimas o codependientes de sus economías ilegales, ¿cuáles son las estrategias de prevención del Estado? ¿Por qué el Presidente y la ministra de Educación, también responsables de la ausencia de Estado en esas zonas en riesgo, no se pronuncian? Y las autoridades locales, los organismos de control, el Congreso y la prensa, ¿qué dicen?

Si la tercera parte de Colombia es de niños, niñas y adolescentes, y el 30 % de las víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas son niños, más allá del necesario debate al ministro de Defensa, aquí hay un debate ético inaplazable. Y no darlo es también elocuente.

YOLANDA REYES

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