¿Celebrar con bombas?

¿Celebrar con bombas?

Prevalencia de derechos de los niños está más del lado de la retórica que del lado de los hechos.

17 de noviembre 2019 , 10:56 p.m.

Parece una paradoja macabra que –en este mes de conmemoración de los treinta años de la Convención sobre los Derechos de los Niños (ONU, 1989) que cambió las constituciones y las leyes para adecuarlas a la concepción de los niños como sujetos de derechos– Colombia haya estado absorta hablando de bombas, pero no de las que suelen usarse en las fiestas de cumpleaños, sino de las que mataron, por lo menos, a ocho niños y niñas reclutados por las disidencias de las Farc. Y las lanzó el ejército, en un operativo autorizado por el ministro de Defensa, que representa al Presidente.

“Con precisión quirúrgica” –según sus propios calificativos– bombardearon un campamento en el área rural de San Vicente del Caguán. Iban por un disidente, y mataron todo lo que se les cruzó, como si no estuviéramos en 2019, y como si Colombia no conociera las normas del Derecho Internacional Humanitario, que protegen a la población civil en situaciones de conflicto armado, especialmente a los niños. Treinta años después de haber definido ‘niño’, en esa misma Convención, como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, las Fuerzas Militares, el Gobierno y ciertos líderes políticos aún parecen preguntarse si las niñas de 12 y 16 años que murieron eran tan niñas y tan necesitadas de seguridad y protección adulta como las que viven en sus casas, y si los adolescentes que estaban en ese campamento “se lo buscaron”, como si estuvieran ahí por su propia voluntad, y no por esa mezcla perversa de derechos vulnerados y de falta de opciones y de institucionalidad que lleva a los niños a ser reclutados por los grupos armados al margen de la ley.

Esas muertes, silenciadas durante dos meses –¿por qué pasó tanto tiempo, no obstante las alertas institucionales del Alcalde, del personero, de la Cruz Roja, y el duelo familiar?–, nos estallan como bombas, en estos días de conmemoración, para mostrarnos que el reclutamiento forzoso es el último eslabón de una cadena de derechos incumplidos por el Estado y para recordarnos, otra vez, que la prevalencia de los derechos de los niños, consagrada en el artículo 44 de nuestra Constitución, y traducida posteriormente a la Ley 1098, sigue estando más del lado de la retórica y de los documentos de política pública que del lado de los hechos.

En el fondo, la brecha entre las declaraciones constitucionales y las prácticas hace parte de esa grande y eterna brecha de inequidad que caracteriza a este país, en donde la garantía de los derechos depende, en gran medida, de los recursos propios que pueda gastar cada familia. O, para decirlo en sentido contrario, si los derechos incumplidos, o mal cumplidos –a la educación, a la salud, a la cultura, a la protección, entre otros–, son una fatalidad heredada que se transmite de una generación a la siguiente, esto significaría que aquí hay diversas formas de ser niño. Y cuando los derechos no son iguales para todos, ya no se llaman derechos sino privilegios.

En tanto que la esencia de un derecho es la universalidad, no hay mucho que celebrar esta semana, y sí mucho por exigir, por preguntar y por hacer, pero no solo desde la perspectiva del Gobierno, del Ejército, de la institucionalidad, de los organismos de control y de las comisiones intersectoriales, sino desde la exigencia y la veeduría de la sociedad civil colombiana, que suele mirar los asuntos de la infancia con una mezcla de banalidad e indiferencia. Si, según el último censo del Dane (2018), el 30 por ciento de este país es menor de 18 años, ¿qué porcentaje de ese tesoro nacional sigue alimentando, por acción, por exclusión o por omisión, esta máquina de guerra? ¿Cuál es nuestro papel, como adultos corresponsables?

YOLANDA REYES

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