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Mérmele, mérmele...

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Mientras el gobierno y el Comité del paro negocian, los demás tenemos que ayudar a buscar una salida

Por: Vladdo
11 de mayo 2021 , 09:25 p. m.

Es un error tratar de reducir el caos actual del país a un asunto de orden público. Suponer que el despliegue de tropa va a acabar con el malestar en las calles es tan ingenuo como lo fue pretender que la Virgen de Chiquinquirá nos iba a salvar del coronavirus.

Es cierto que los bloqueos de vías causan problemas humanitarios, logísticos y de desabastecimiento que nos perjudican a todos en forma directa e indirecta, pero para empezar a entender la magnitud del problema no hay que ver solo las consecuencias del paro; hay que recordar las causas.

Si no hubiera descontento social, si no estuvieran masacrando líderes sociales, si no hubiera una vergonzosa desigualdad, si se estuviera implementando el proceso de paz, si no hubiera tanto desempleo, si no hubiera desapariciones forzadas o si no estuviéramos tan colgados en el plan de vacunación, la gente no le caminaría al Comité del paro ni saldría a las calles a exponerse en manifestaciones que pueden costar vidas, como le pasó a Lucas Villa, quien murió en Pereira cinco días después de recibir ocho disparos cuando participaba en una marcha pacífica en la que gritaba una consigna premonitoria: “¡Nos están matando!”.

Para empezar a entender la magnitud del problema no hay que ver solo las consecuencias del paro; hay que recordar las causas.

Aunque hoy muchos exigen el respeto a la Constitución, lo cierto es que el Gobierno ha olvidado que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”, como se lee en el segundo artículo de la carta magna.

A propósito del Comité del paro, es clave que sus integrantes entiendan su papel en esta coyuntura, para que la interlocución con el Gobierno Nacional dé frutos. Si bien representan a buena parte de la ciudadanía, ellos no son los únicos voceros de la sociedad y no pueden apropiarse de la urna de los deseos de los demás colombianos.

Si la idea es destaponar esto tienen que separar las reivindicaciones sociales de las pretensiones políticas, por muy legítimas que puedan ser. Esto implica aterrizar sus propuestas y exigencias, teniendo en cuenta la realidad económica del país, las dinámicas del Estado y el apego a la Constitución.

Y mientras el Gobierno y el Comité del paro negocian, los demás también tenemos que ayudar a buscar una salida. Y lo primero que debemos hacer es evitar echarle leña al fuego, y no meter la pata como la Vicepresidenta, con sus especulaciones en Twitter. “Me dicen que cuesta aproximadamente $ 1.000 millones diarios sostener minga que llegó a Cali. ¿Quiénes están detrás de su financiación? ¿Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto?”, escribió el lunes Marta Lucía Ramírez en un trino, olvidando que una funcionaria de su nivel no puede hacer semejantes aseveraciones, basada en una fuente fantasma.

Por otra parte, los políticos, influenciadores, periodistas y no pocos ciudadanos deberían evitar la divulgación de videos en crudo de lo que pasa en las calles, sin verificar su procedencia ni explicar el contexto. Aunque dé muchos likes, eso solo contribuye a crear zozobra, como ocurrió con las imágenes del fin de semana en Cali. Antes de reproducir esos videos, sobre todo en los medios, se deberían examinar las horas, la secuencia y el orden de los hechos.

A su vez, los noticieros no deben conformarse con repartir minutos equitativamente entre ciertos entrevistados, para dar una supuesta impresión de equilibrio. En estas circunstancias, debe prevalecer el criterio, pues no todos los protagonistas merecen el mismo tiempo al aire.

Ser más responsables con la información que consumimos y con lo que compartimos en redes sociales quizás no nos alcance para sacar al país de la olla, pero al menos ayuda a mermar la tensión y a desintoxicar el ambiente.

Vladdo
puntoyaparte@vladdo.com

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