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El caso Petro contra Colombia

El caso Petro contra Colombia

Debemos preguntarnos si el aumento de los poderes políticos no va en contra de la democracia.

10 de enero 2022 , 10:24 p. m.

Las explicaciones que hemos escuchado sobre la creación de los mil doscientos cargos en la Procuraduría le hacen honor a la tradición santanderista.

El escenario tiene como telón de fondo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro contra Colombia, en la que este organismo señala que nuestro ordenamiento jurídico viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos al permitir que una autoridad no judicial, como el Procurador, pueda destituir y privar de sus derechos políticos a funcionarios elegidos popularmente.

Para la CIDH es claro que los derechos políticos, en particular el derecho a elegir y ser elegido, son los pilares de un régimen democrático y su limitación solo puede proceder de un juez en un proceso penal. Por ello, el Estado colombiano está obligado a reformarse eliminando la facultad del Procurador de decapitar a funcionarios elegidos por el pueblo.

Con la disculpa de dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH, el Congreso reafirmó la competencia del Procurador para destituir e inhabilitar a los servidores públicos elegidos por voto popular. Y con el sambenito de garantizar el debido proceso, separó las funciones de investigación y juzgamiento.

Es decir, lo que antes hacía un solo funcionario tendrán que hacerlo dos con la inevitable exigencia de aumento de cargos en la entidad. Por eso la creación a finales de diciembre de 1.200 nuevos cargos revivió el debate sobre el tema.

Que la culpa de la creación de esos cargos la tiene Petro.

Que se cumplió con el requerimiento de la CIDH al bautizar como jurisdiccional una función típicamente administrativa…

Que la Corte Interamericana se está sobrepasando al inmiscuirse en la manera como el Congreso de la República legisla…

Que no podemos debilitar el orden institucional creado para combatir la corrupción.

Ninguno de estos argumentos convence. Aquí no se trata de decirnos mentiras, la verdad es que el Estado colombiano no ha cumplido.

Pero si nos molesta mucho que la llamada de atención venga de un órgano internacional, ¿por qué entonces no hacer un examen desde dentro sobre los poderes excesivos de los organismos de control? Este análisis nos llevaría quizá más lejos que las propias conclusiones de la CIDH.

Debemos preguntarnos si el incesante aumento de los poderes políticos de estos organismos no va en contra de la democracia. Mirar si más allá de las estadísticas su labor ha sido verdaderamente eficaz en la lucha contra la corrupción. Dejar de tapar el sol con las manos y reconocer que esas facultades exorbitantes han sido utilizadas con fines políticos inconfesables teniendo en cuenta, además, que los titulares de esos organismos no son ajenos a la tentación de una candidatura presidencial.

En el caso del intento de destitución e inhabilidad de Gustavo Petro, esa construcción institucional mostró todas sus debilidades. La sanción que profirió el procurador Ordóñez al peor de los alcaldes que ha tenido Bogotá por la arbitraria y dictatorial exclusión de los operadores privados de la recolección de basuras, que dejó a la ciudad por varios días sumida en el infierno de sus toneladas de desechos, con el enorme riesgo de salud de sus habitantes, lo sacó, paradójicamente, fortalecido.

Para Petro fue fácil vender el relato de persecución política, victimizarse y prender la hoguera de descontento de sus electores, que vieron en esa sanción el ninguneo de sus derechos políticos.

En el ajuste institucional que falta por hacer es aconsejable pensar en lo que dijo el juez Zaffaroni en su voto disidente: “Corresponde exigir a los Estados el máximo de cuidado, transparencia y prudencia posibles cuando se trata de personas con alto protagonismo político, puesto que, de lo contrario, en lugar de la racional lucha contra cualquier forma de corrupción, se estaría restableciendo un marco inquisitorial apto para menoscabar la sana y democrática lucha política”.

VIVIANE MORALES HOYOS

(Lea todas las columnas de Viviane Morales en EL TIEMPO aquí).

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