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¿Reto para hacer justicia?

¿Reto para hacer justicia?

Urgen ética, honestidad y pulcritud de muchos operadores y litigantes, modernización tecnológica.

Según sostienen juristas de amplio renombre, académicos y tratadistas, y conforme vemos a diario los ciudadanos de a pie habituados a disponer de información sobre el desempeño de la Rama Judicial en todos sus niveles (desde el despacho de un juez municipal hasta el de un magistrado de alta Corte), la inveterada desconfianza del país en la administración de justicia venía mostrando desorbitado incremento desde que el ‘cartel de la toga’ no pudo seguir sonriente a la sombra de sus desvergüenzas, arrojando descrédito (injusto, claro) sobre este poder del Estado.

Por ello, ese hecho me depara hoy estas consideraciones: 1) Que la severa sanción de la Corte Suprema de Justicia a su expresidente Francisco Ricaurte (destacado miembro del señalado cartel) devuelve a la sociedad la creencia de que, en alto porcentaje, en esa corporación prevalecen el decoro, la consagración, la legalidad y el empeño por acertar en el sagrado principio de hacer justicia; y, 2) Que los otros bien probables autores de tamaño zarpazo a la integridad profesional y humana de la administración judicial –Bustos, Malo, Tarquino, ¿otros cuantos?– más temprano que tarde correrán idéntica suerte, pues su conducta anómala se tipifica en los mismos hechos ilegales e indignos.

Ocurre, sin embargo, que en lo más, dentro del amplio panorama judicial colombiano la pronta y cumplida administración de justicia ordenada por la Constitución Política y dispuesta en normativa legal cada vez más diversa y exhaustiva enfrenta un enorme reto para aplicarse, derivado de su propia organización interna y emanado de algunos operadores judiciales (jueces, magistrados, fiscales, y aun funcionarios y empleados de control) y de litigantes cuyas actuaciones procesales o sustanciales, individuales o colectivas, habituales o esporádicas, ignoran los rudimentos éticos de la Rama y patean los derechos de las partes en litigio con tal de acrecentar, ¡claro que sí!, sus bolsillos sin fondo.

Hay en la justicia, claro, innumerables personas íntegras, que honran su profesión. Pero es obvio que, en razón de la frecuencia con que se conocen los más vergonzosos hechos constitutivos de falta grave o delito y cuya autoría o participación se supone, con alta probabilidad de certeza (todo hay que decirlo) en vinculados a la Rama Judicial u organismos de control, es obvio, repito, que entre los afectados cundan la desesperanza y el escepticismo, la tristeza y aun la cólera encendida cuando el reconocimiento de sus legítimos derechos de repente se diluye, digamos, en huidos al exterior, en hospitalizaciones cada tres días, en recusaciones de miseria moral, en imposibilidad de conseguir apoderado, en repentina insuficiencia cardiaca, en inesperada muerte conyugal, en súbito apagón en plena diligencia, en testigos desaparecidos. Es decir, en una tragedia mendaz que solo asegura –a punta de recursos improcedentes, falso testimonio, términos vencidos, mala fe, talvez perfidia– bien planeada impunidad.

Así, puesto que estas prácticas, sobre todo en materia penal, son recurrentes y aun consideradas “normales” por litigantes de algún reconocimiento, infortunadamente el panorama actual en el ejercicio de la administración judicial del país está todavía lejos de volver a merecer el beneplácito ciudadano. Para alcanzar la medida óptima de satisfacción pública no se requiere más legislación ni mucho menos nueva normativa constitucional. Solo urgen ética, honestidad y pulcritud de muchos operadores y litigantes, además de la modernización tecnológica, que ayuda a una mejor visibilidad de los proceso y de las actuaciones de los operadores judiciales. Hay esperanzas.

Víctor Manuel Ruiz
vimaruiz@hotmail.com

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