El oscuro mundo judicial

El oscuro mundo judicial

La Rama se ha convertido en trapo de restregar, cuya normativa vive expuesta al afán reformista.

25 de marzo 2020 , 07:55 p.m.

Hace poco, una joven abogada próxima a terminar su especialización en Derecho Público me decía estar atónita porque, tras cursar la carrera en prestigiosa universidad, con lujo de calificaciones, puntual asimilación del ordenamiento vigente, serena reflexión sobre jurisprudencia y doctrina y “aceptable cultura general obtenida por mi cuenta”, en tres meses deberá enfrentarse al sórdido panorama judicial colombiano, en especial –agregaba– lo referente al infame régimen carcelario hoy imperante, contenido en infundio normativo que, lejos de humanizarse, gobierno tras gobierno, abarrotados de lindas promesas, ya alcanzó, en hacinamiento y necesidades elementales insatisfechas, la más grande sima de la degradación. Nadie les define nada ni los oye en su desgarramiento.

Me quedé perplejo. Y hoy, al escribir esta columna, debo admitir que le asiste toda la razón y que casi 30 años después de entrar en vigencia la Constitución Política (CP) de 1991 –“retocada” más de 40 veces, sin contar la única interesante propuesta que en 2012, de modo inexcusable, el Minjusticia en funciones dejó hundir ¡en los minutos finales de la conciliación!– no podemos seguir confiando que dizque ahora sí la nueva etapa legislativa (aplazada por culpa del coronavirus) aprobaría una auténtica reforma judicial que en lo más no se necesita, que la plantearán reconocidas perversiones políticas y que destacados sectores de la mismísima Rama Judicial se encargarán, en voz baja, de abortar. ¿Y qué?

Pues que, por lo visto, lo único cierto es que diversos hechos, decisiones y ante todo omisiones provenientes de los tres campos del poder público (cuál más, cuál menos) han determinado que con el paso del tiempo y de manera, a mi parecer injusta, toda la Rama se haya convertido en trapo de restregar, cuya normativa (suficiente y aun farragosa) vive expuesta al afán reformista (?) de numerosos parlamentarios ávidos de figuración, pero tristemente iletrados, cuyas estériles iniciativas solo responden a intereses personales, aspiraciones burocráticas, inconfesables compromisos políticos y otras maravillas parásitas del erario, todo lo cual se llama, sencillamente, corrupción.

Por tal razón, entre muchas, el enorme desprestigio de que hoy adolece la Corte Suprema es real y plenamente fundado, no solo porque quien primero lo causó –el ‘cartel de la toga’ de los inefables Bustos, Malo, Moreno, Ricaurte y Tarquino– al parecer sigue allí haciendo diabluras por terceras manos, sino porque el pleno de la corporación, empoderado y presumido a punta de facultades electorales, “interpreta” o “modifica” el reglamento a conveniencia, privilegiando cuanto le da la gana sus desvaríos partidistas y de paisanaje, según lo ha revelado con entereza nada común el ilustre togado Gerardo Botero ('El Espectador', 20 de marzo). O, aún más grave, eligiendo de “terna de uno” un Fiscal General cuyo palmarés abogadil mide varios metros, pero que en el pestilente reality Ñeñe-Caya acomoda, sin sonrojo, la evidencia probatoria a fantasías emanadas de su alma mater.

Y ¿qué adarme de respetabilidad tiene el desaforado dueto de disciplina Julia Garzón-Pedro Sanabria, hace 4 años eliminados por Constitución, pero que ahí siguen, pidiendo al Gobierno no enviar ternas al Congreso para reemplazarlos en la nueva sala, porque así violaría sus “derechos fundamentales”?

Falso, señor Presidente. Pero dígales a los presos que su ministra Cabello sí les hará justicia pronta y cumplida. Y no bien se reinicie la legislatura en ciernes, envíe las 2 ternas referidas, así sean Cabal-Macías-Eljach y Paloma-Rangel-Manguito…

Víctor Manuel Ruiz
vimaruiz@hotmgail.com

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