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Un mensaje costoso

La corrupción es un árbol de raíces profundas, y esta consulta tan solo le poda algunas ramas.

Thierry Ways
La consulta ‘anticorrupción’ que se votará este domingo promete ser un colosal despilfarro. Aun si logra pasar el umbral requerido de más de doce millones de votos, es dudosa su utilidad. Algunos dicen que eso no importa, que lo importante es “mandar un mensaje” de rechazo a las malas prácticas políticas. No sé a ustedes, pero a mí, 300.000 millones de pesos para “mandar un mensaje” me parece un despropósito. Además, es ineficaz. La corrupción es un árbol de raíces profundas y enmarañadas, y esta consulta tan solo le poda algunas ramas.
¿Qué tiene que ver, por ejemplo, reducir los salarios de los congresistas, como propone el punto 1, con reducir la corrupción? Los promotores de la consulta admiten que, más que una medida anticorrupción, esta es una medida “de equidad”. Es decir, no tiene nada que ver con el tema de fondo ni avanza un milímetro en la solución del problema, mientras que impregna el ejercicio de un odioso tufillo populista.
El punto 2 propone que los corruptos vayan a la “cárcel, sin posibilidades de reclusión especial”. Suena bien. Pero limita la posibilidad de negociar delaciones a cambio de beneficios, que ha sido una herramienta fundamental para combatir crímenes de todo tipo.
Por cierto, veo que entre nosotros está en boga nuevamente la justicia punitiva. En la época de la negociación con las Farc, los hoy promotores de la consulta nos insistían por todos los medios que la justicia-castigo era un vejestorio, que querer ver a los maleantes tras las rejas no era más que un primitivo impulso de venganza, que la justicia restaurativa era la última moda en los marmóreos pasillos de Oslo y Nueva York. Curioso, entonces, que ahora se insista en la severidad del castigo. Pero sigamos.

Si pasa la consulta, no cambiará mayor cosa en cuanto a la corrupción en el país. Esta se adaptará, como lo ha hecho siempre, al nuevo ropaje normativo. Pero saldré a votar.

Los ‘pliegos únicos’ para la contratación pública (punto 3) son el plato fuerte de la consulta. Pero ya existen para grandes obras de infraestructura, gracias a la Ley 1882 de este año. Y no siempre son ideales. Como dice la economista Marcela Eslava, no es lo mismo un “viaducto de grandes proporciones” que una “acera de barrio”. Además, el ‘pliego tipo’ podría limitar la implementación de nuevas tecnologías.
El punto 4, que sometería a audiencias públicas los presupuestos nacionales, municipales y departamentales, me produce particular inquietud. La idea, de nuevo, suena bien, pero es probable que esas audiencias acaben dominadas por la tiranía de las minorías. El interés general –el de la mayoría– suele no tener doliente, mientras que grupos de interés particulares suelen estar bien organizados para defender sus causas. Las audiencias necesitarían como contrapeso un defensor del ‘bien común’ para no ser capturadas por grupos pequeños pero poderosos.
La obligación de los funcionarios públicos de presentar la lista de sus bienes (punto 6) ya está en la ley, y ningún corrupto relaciona en su declaración de renta lo que se roba. En cuanto al punto 7, de nada sirve limitar a tres los periodos en las corporaciones públicas cuando en Colombia hasta los presos gobiernan en cuerpo ajeno.
En síntesis, si pasa la consulta, no cambiará mayor cosa en cuanto a la corrupción en el país. Esta se adaptará, como lo ha hecho siempre, al nuevo ropaje normativo. Y seguirá haciéndolo en tanto la ciudadanía no se desacople verdaderamente de los corruptos, mediante, sobre todo, la sanción social.
Dicho esto, saldré a votar el domingo, y ojalá muchos lo hagan. Votaré sí, con reservas, al punto 2; al 5, que me parece inocuo; y al 6. Votaré no al resto. Habría preferido que nos ahorrásemos la millonada que nos costará la consulta, pero, a estas alturas, abstenernos no nos va a devolver el dinero. Y lo único peor que gastarnos 300.000 millones en enviar un mensaje es gastarlos en ni siquiera enviarlo.
THIERRY WAYS
tde@thierryw.net
Thierry Ways
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