Patas arriba

Patas arriba

No es descabellado que en unos años quienes atentaron contra el oleoducto estén en el Congreso.

13 de febrero 2019 , 07:00 p.m.

Cardúmenes de peces muertos. Destrucción de la fauna y flora ribereñas. Múltiples formas de vida intoxicadas o asfixiadas. Perjuicios incalculables a la economía de la región. Desequilibrios ecológicos que tardarán años en corregirse.

Una catástrofe ecológica sin atenuantes.

Pero no me refiero al secamiento provisional del río Cauca ordenado por los directivos de EPM para contener la emergencia en la represa de Hidroituango, sino al último atentado explosivo del Eln contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que produjo un vertimiento de crudo en Norte de Santander este martes. El séptimo atentado en lo que va del año.

La voladura del tubo suscita pocas reacciones, mientras que el proyecto hidroeléctrico ha sido objeto de las más clamorosas críticas

Entre la calamidad causada por el cierre de la represa y los daños causados por los repetidos atentados contra la infraestructura petrolera cometidos por el Eln (y, antes, por las Farc) hay diferencias cruciales. La represa es un proyecto estratégico para el país que, tristemente, les está saliendo mal a sus gestores. Los atentados son lo contrario: un proyecto perverso para el país que la guerrilla ejecuta con júbilo. En la tragedia de Hidroituango, la asignación de responsabilidades será un complejo debate técnico que tomará tiempo resolver. En la tragedia del tubo, la responsabilidad no admite dudas.

Y, sin embargo, la voladura del tubo suscita pocas reacciones, mientras que el proyecto hidroeléctrico ha sido objeto de las más clamorosas críticas de parte de un grupo influyente de ciudadanos entre los que hay ambientalistas, políticos, opositores al Gobierno y demás. Los respaldan la horda habitual de activistas de butaca y red social, que han aprovechado la tesitura para preparar un sancocho multifásico de indignación en el que Hidroituango simboliza todo lo que no les gusta: el Gobierno, el modelo de desarrollo, los exgobernadores de Antioquia, Álvaro Uribe, el capitalismo, los paísas, los paramilitares, etc. Hay quienes han llegado a afirmar que el proyecto, con sus 50 años de historia y sus más de 10 billones de pesos de presupuesto, no es más que un pretexto para tapar cadáveres enterrados en la zona. Y, peor, hay quienes les creen.

El tubo reventado, mientras tanto, se desangra sin relacionistas públicos. Algún comunicado de oficio de Ecopetrol, poco más. Ningún político, analista, columnista, activista, ‘influenciador’ o grupo de presión presta su voz para denunciarlo. A lo mejor el derrame de crudo se nos volvió paisaje. Este año, como dije, van 7 atentados. El año pasado hubo 89.

Pero no es la costumbre, creo, lo que explica esta indignación selectiva, sino el aprovechamiento político que se le pueda sacar a la calamidad. Todos deberíamos estar respaldando los esfuerzos por salvar la represa y reducir las contingencias ambientales, y después, sí, dedicarnos a buscar responsables. Pero Hidroituango es demasiado útil para ciertos grupos e individuos que necesitan –pues su capital político depende de ello– reafirmar su imagen de opositores al establecimiento y al modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico. Si el riesgo ecológico fuera la verdadera causa de su desasosiego, estarían igual de preocupados por exigirle al Eln, como requisito mínimo para una eventual negociación, que pare de dinamitar oleoductos y envenenar ríos.

La Procuraduría, como le corresponde, abrió investigación contra los directivos de la hidroeléctrica. Tal y como están de patas arriba las cosas en Colombia, no es descabellado que en unos años asistamos a un irónico desenlace: que quienes gestionaron de buena fe un proyecto que buscaba beneficiar a la nación acaben sancionados o, peor, condenados. Y que quienes hicieron del derrame de petróleo un pasatiempo estén en el Congreso, tomando decisiones sobre la política energética del país.

@tways / tde@thierryw.net

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