Lo que mal comienza...

Lo que mal comienza...

Si las objeciones del Presidente son aceptadas por el Congreso, les tocará ceder a los del Sí.

13 de marzo 2019 , 07:00 p.m.

“Escoba nueva barre bien”, dice el refrán popular. Pero eso no parece aplicar para la Jurisdicción Especial para la Paz. En su primer año de existencia, su secretario general salió en medio de una puja de poder dentro de la organización; otros funcionarios, entre ellos una directora de asuntos jurídicos, han sido señalados de favorecer a miembros de las Farc; una importante carta, de la que dependía la extradición de Jesús Santrich, se extravió en el correo; y uno de sus fiscales fue grabado mientras, presuntamente, recibía fajos de dólares con quién sabe qué oscuras intenciones.

El refrán que sí le cae como anillo al dedo, en cambio, es ese que dice que “lo que mal comienza, mal termina”. O mal continúa, habría que decir, pues esta historia aún no se acaba. El capítulo actual, el de las objeciones del Presidente a la ley estatutaria que reglamenta la JEP, tiene que analizarse en el contexto de todo lo que sucedió para que llegáramos hasta acá.

Al objetar parcialmente la ley estatutaria, como es su derecho, el Presidente cumple con la promesa de campaña de apretarle las
tuercas al acuerdo.

Lo primero fue que en 2016 el gobierno Santos hizo un cambio de reglas en medio del juego, al modificar el umbral del plebiscito sobre el acuerdo con las Farc y reducirlo al 13 % del censo electoral. Luego, a través del llamado fast-track, recortó a la mitad el trámite necesario para aprobar leyes y reformas constitucionales. El Congreso, insólitamente, renunció a su facultad de modificar los proyectos relativos al acuerdo (pero la Corte Constitucional se opuso). Políticos y gremios afines al oficialismo gastaron millones de pesos en promover ‘la paz’ antes de que se hubieran estipulado las reglas de campaña del plebiscito. Entre tanto, el Gobierno tenía contentos a los medios de comunicación gracias a un gasto publicitario sin precedentes que, por momentos, superó el millón de dólares diarios. Para no hablar de la ‘mermelada’ que tuvo que repartir para tener al Legislativo de su lado.

Y con todo eso, con el campo de juego inclinado escandalosamente a su favor, perdió.
Luego vendría la trampa final, el segundo intento: la refrendación del acuerdo por arte de magia en el Congreso, que sustituyó la refrendación popular que el Presidente había prometido.

De modo que, cuando los defensores de la JEP invocan su pretendida legitimidad, en virtud de la revisión que la Corte Constitucional hizo del acto legislativo que la creó y la ley estatutaria que la reglamenta, solo están contando parte de la historia. Omiten mencionar que llegamos a este punto tras una accidentada carrera de obstáculos en la que pocas vallas fueron franqueadas limpiamente.

El asunto, como ya se ha dicho, es más político que jurídico. Al objetar parcialmente la ley estatutaria, como es su derecho, el Presidente cumple con la promesa de campaña de apretarle las tuercas al acuerdo. Que lo logre o no, dependerá del Congreso, pero su mandato era claro en ese sentido.

Los miembros de la oposición, por su parte, no deberían andar tan desencajados. Suponiendo que de verdad les importe el futuro de la paz y no simplemente anotar puntos políticos, deberían ver esto como una oportunidad, tal vez la última que queda, de conferirle a la JEP la legitimidad que nunca tuvo. Lo contrario sería prolongar por muchos años la fractura social alrededor del acuerdo con las Farc, que no hará sino profundizarse y seguir dividiendo al país.

Los del No ya tuvieron que ceder cuando, sin siquiera disimularlo, se les negó el triunfo que habían obtenido en las urnas. Ahora, si las objeciones del Presidente son aceptadas por el Congreso, les tocará ceder a los del Sí. Al final, ningún bando quedará del todo contento; ningún bando se sentirá del todo derrotado; ambos podrán decir que se salieron parcialmente con la suya. Y eso es lo que permite soñar con que por fin podamos pasar esta página.

@tways / tde@thierryw.net

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