Las cosas por su nombre

Las cosas por su nombre

Prohibir llamar las cosas por su nombre violaría la promesa central de lo pactado.

13 de noviembre 2019 , 07:00 p.m.

No entiendo a quienes, en pleno siglo XXI, todavía quieren censurar libros. Además de violar elementales principios de libertad de expresión, es una tontería en la práctica, pues en estos tiempos de redes sociales es inútil impedir la difusión de algo. Solo logran multiplicar el interés por la obra prohibida.

Lo digo a propósito de Dejad que los niños vengan a mí, un libro del periodista Juan Pablo Barrientos sobre denuncias de pederastia en la Iglesia católica, basado en una investigación que le valió un premio Simón Bolívar el año pasado. Hace dos semanas, un juez de Antioquia ordenó que se suspendiera su venta. El mismo juez luego levantó la medida. Pero otro juez ordenó a Barrientos revelar la identidad de una de sus fuentes, contraviniendo jurisprudencia sobre el anonimato de las fuentes en Colombia. El autor, como buen profesional, se negó a hacerlo.

No es lo único que se busca prohibir. Casi simultáneamente, otro juez falló a favor de una tutela que obliga a la periodista Vanessa Vallejo a retractarse de haber llamado “violador” al senador Julián Gallo, más conocido por su alias en las Farc, Carlos Antonio Lozada. Sobre Lozada no pesa ninguna condena por abuso sexual. Sin embargo, la Corporación Rosa Blanca, que representa a “niñas violadas” por las Farc –así se describe en redes sociales–, lo ha acusado a él y a otros cabecillas de esa organización de los más horrendos abusos a menores de edad. Y está ampliamente documentado que en la guerrilla se cometían crímenes de ese tipo.

Ahora, que algo sea “de todos conocido” o por todos comentado no constituye prueba de delito, por supuesto. Pero la decisión del escrupuloso juez que protegió el “buen nombre” de alias Lozada lleva a preguntarnos qué otras cosas ya no se pueden decir sobre los exintegrantes de la guerrilla mientras no existan fallos en su contra. ¿Está prohibido decir que bombardearon pueblos, secuestraron civiles y masacraron policías y campesinos? ¿Debemos anteponer un prudente ‘presunto’ a cada una de esas afirmaciones, a saber: ‘presuntos’ masacradores, ‘presuntos’ secuestradores, ‘presuntos’ terroristas?

El problema no es solo semántico. Como recordamos, las cuatro grandes promesas del acuerdo con las Farc fueron “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”. Pues bien, veamos: justicia es justamente lo que no habrá. Reparación, de parte de las Farc, tampoco, pues los bienes que han entregado son ridículamente insuficientes para resarcir a sus víctimas. La “no repetición” estaba condenada desde antes de la firma del acuerdo, cuando se permitió que el país se inundara de coca, que es la gasolina del conflicto. Solo queda, entonces, la promesa de la verdad. Que quizá compensa el incumplimiento de las demás.

Decirle ‘asesino’ al que ha asesinado o ‘violador’ al que ha violado es un derecho de las víctimas y de la sociedad; en eso consiste, también, la verdad. Cosa distinta es que uno se abstenga de hacerlo en aras de la reconciliación, que es un paso que cada quien, en su interior, debe decidir si está preparado para dar. Pero prohibir llamar las cosas por su nombre, de llegar a extenderse, violaría la promesa central de lo pactado. Además de que despide un insalubre tufillo totalitario.

No sé si el senador sea culpable de la terrible conducta que se le imputa, pero más vale que no lo sea, ya que, de lo contrario, su exitosa tutela le crearía un problema. Ha dicho ante la justicia y los medios que es inocente, algo que la JEP debería tener en cuenta en el momento de juzgarlo. Pues, como también se nos prometió, ocultar delitos que logren comprobarse conlleva la pérdida de los beneficios del acuerdo.

¿O estirará la JEP la cobija normativa para no dejar descubierto al acusado, como hizo con alias Santrich?

@tways / tde@thierryw.net

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