El espejo indiferente

El espejo indiferente

Nuestro problema de fondo es de falta de rigor.

26 de junio 2019 , 07:43 p.m.

En las últimas horas de la legislatura naufragó la prohibición de la casa por cárcel para los corruptos. Zozobró en un potente sancocho de colombianidad, al que no le faltó ningún ingrediente: demoras y dislates, impedimentos al granel, una comedia de errores digna de Chespirito y hasta un partido de la Selección. Según los medios, también hubo un animado after-party en el que no sé si sonó el Reguetón de la corrupción, de Daniel Samper Ospina.

No podía faltar además cierto ingrediente esencial, que le da al caldo el acento que lo distingue de una sopa cualquiera, el cubo Maggi que todo chef niega usar, pero usa, nuestro adobo nacional: la incoherencia.

Entre quienes exigen prisión para los corruptos están casi todos los que, hace poco, intentaban convencer a medio país de que la justicia de barrotes era cosa del pasado, que lo nuevo, el progreso, lo último en guarachas, era la justicia transicional acordada con las Farc. Los que tuvieran reparos con esa innovación jurídica no eran más que unos cromañones sedientos de venganza, seres primitivos que solo entendían la justicia como castigo.

Nos agarramos de las curas milagrosas que nos ofrecen a cada coyuntura, sin preocuparnos en absoluto por la coherencia política, jurídica, práctica y, menos, filosófica de nuestras decisiones

Pues, tal parece que el Paleolítico vuelve a la moda. De súbito, recientes apóstoles de la justicia de vanguardia exigen que los políticos corruptos –culpables, al fin y al cabo, de crímenes menos atroces que las masacres, secuestros y violaciones de las Farc– paguen sus delitos con... ¡prisión! ¡Aquel vestigio de pueblos bárbaros!

Pongámonos de acuerdo. O creemos que la cárcel es una sanción necesaria –y entonces habría que aceptar lo que se niega: que ante las Farc hubo una claudicación de la justicia–, o creemos que las penas alternativas son una justicia ‘superior’ –hasta para los corruptos–. Pero ambas cosas no pueden ser ciertas.

Y no terminan ahí nuestras contradicciones. No sé cuántas columnas y comentarios leí o escuché en estos días en contra del llamado ‘Estado de opinión’, que el uribismo ha resucitado a raíz de un referendo impulsado por el periodista Herbin Hoyos. Que quede claro: no apoyo ese referendo. Pero eso no me impide advertir la inconsistencia de tantos críticos del Estado de opinión. ¿Recuerdan de dónde vino la iniciativa de eliminar la casa por cárcel para los corruptos? De la consulta anticorrupción promovida por Claudia López y Angélica Lozano el año pasado, que esos mismos críticos sí apoyaron. Es decir, de Estado de opinión puro y duro. Solo que a los críticos del Estado de opinión no les desagrada el Estado de opinión cuando es su opinión la que cuenta.

Nuestro problema de fondo es de falta de rigor. Nos agarramos de las curas milagrosas que nos ofrecen a cada coyuntura, sin preocuparnos en absoluto por la coherencia política, jurídica, práctica y, menos, filosófica de nuestras decisiones. La suma de todas esas notas falsas solo puede resultar en un Estado discordante, en permanente tensión consigo mismo. Y en una arquitectura moral con la solidez de un rascacielos de Jenga.

No es que nuestros legisladores no nos representen (así dicen en las redes sociales: fulano o fulana “no me representa”); es que lo hacen demasiado bien, no tanto política como psicológicamente. El Congreso también es un sancocho de colombianidad. Allí se cuecen bajo presión nuestro cortoplacismo y nuestra efervescencia, nuestra fe en soluciones mágicas a problemas complejos (“basta con mandar a los corruptos a la cárcel”), nuestros dobles raseros, nuestro poco respeto por la ecuanimidad y la coherencia –que son la base de la justicia– y nuestra poca tolerancia con quienes nos lo señalan. El Congreso no es un monstruo fuera de control que se rehúsa a hacer lo que el pueblo espera de él, sino el espejo indiferente de la sociedad a la que pertenece. ¿Acaso podía ser de otro modo?

@tways / tde@thierryw.net

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