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Desoír a las sirenas

Desoír a las sirenas

Ni el ‘traslado exprés’ de pensiones ni la suspensión de la ley de garantías le convienen al país.

02 de octubre 2021 , 09:51 p. m.

A Odiseo, que era un señor inquieto, una diosa le advirtió que tuviera cuidado al pasar frente a la isla de las Sirenas, pues el canto de aquellas criaturas los enloquecería a él y a su tripulación, poniendo en riesgo el retorno a casa. Odiseo obedeció y mandó a sus hombres a que se taparan los oídos con cera. Pero él quería conocer aquel canto, así que ordenó que lo amarraran a un mástil y no lo soltaran, por más que suplicara, hasta que hubieran dejado atrás la isla.

Así, sin proponérselo, inventó la ley de garantías.

Esa norma, como se sabe, limita la celebración de contratos y convenios con recursos públicos durante cuatro meses previos a las elecciones. En las generalidades de la ley se habla de garantizar “la igualdad de condiciones para los candidatos”, un eufemismo para decir: impedir que los gobiernos usen dinero del erario para comprar votos o favores en tiempos de campaña. En otras palabras: ya que la clase política es incapaz de resistirse al canto de sirena de hacer clientelismo con plata pública, es mejor amarrarla a un palo.

Ahora, no siempre nos autoencadenamos por tan indignos motivos. Un buen ejemplo son las pensiones. Sabemos que si nos pagaran el sueldo completo cada quincena, la mayoría de nosotros lo gastaríamos sin ahorrar lo suficiente para jubilarnos con una pensión decente. Así que hacemos obligatorio ese ahorro para salvarnos de nosotros mismos y tener con qué vivir en la vejez. Al menos sobre el papel, es una idea razonable, dado el sesgo cortoplacista inherente a la especie humana.

En el actual proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, sin embargo, ambas salvaguardias serían objeto de transformaciones importantes. Con el argumento de promover la reactivación económica, se propone suspender la ley de garantías. Y se plantea que las personas que estén a menos de 10 años de pensionarse y hayan cotizado 750 semanas puedan migrar del régimen privado al fuertemente subsidiado régimen público por medio de un ‘traslado exprés’.

La primera medida es inoportuna; la segunda, antigualitaria.

La ley de garantías necesita ser derogada algún día. Es la penosa consecuencia de nuestra incapacidad para enfrentar la corrupción electoral, además de una traba absurda para el funcionamiento de la nación. Imaginen una empresa que cada pocos años tuviera que frenar sus contrataciones e inversiones por cuatro meses o más (a veces se juntan varias elecciones). ¿Cuánta eficiencia puede esperarse de una organización maniatada así? Esa organización es el Estado colombiano.

Pero suspender la norma cuando ya comenzó la campaña, así sea con buenas intenciones, profundizará la desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas en un momento en el que ya están en niveles abismales de descrédito.

En cuanto a las pensiones, aunque sus problemas estructurales son extensos, baste recordar por ahora el hecho bien establecido de que el régimen público de prima media es supremamente inequitativo, pues subsidia las pensiones de los salarios más altos de la sociedad. En la práctica, transfiere dinero de los pobres a los ‘ricos’ (o a los menos pobres). El ‘traslado exprés’ sucumbe a otro seductor canto de sirena: en el corto plazo, el Estado recibiría una inyección de recursos provenientes de los fondos privados. Pero, en el largo plazo, se agravaría la desigualdad del sistema y, según Anif, se abriría un hueco fiscal de 5,2 billones de pesos que deberá ser tapado con futuros impuestos.

Ambos sistemas, el pensional y el electoral, necesitan reformas significativas. Pero hacerlas en medio del fragor de la campaña y sin el suficiente debate puede llevarnos a zozobrar en la isla de las Sirenas. Cuyos prados, se dice, están cubiertos de huesos de navegantes imprudentes.

THIERRY WAYS
En Twitter: @tways
tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí).

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