Nadie duda de que el mercado de trabajo colombiano está experimentando un importante aumento del desempleo que se mantendrá en el tiempo. Tendremos más desempleo estructural porque las empresas hoy despiden trabajadores que no serán los mismos que irán a necesitar cuando recuperarán nuevamente sus actividades. De hecho, la demanda de trabajo poscovid- 19 requerirá nuevas habilidades informáticas, digitales y de tecnología de la información que muchos de los que perdieron su empleo en los últimos meses no poseen.
Tendremos más desempleo tecnológico, dado que la indisponibilidad de trabajadores por la cuarentena y el distanciamiento social acelera el uso de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial, que reducirán en el corto plazo los requerimientos de mano de obra.
Al mismo tiempo, seremos testigos de una menor demanda de trabajo como consecuencia del aumento de los costos de producción y de contratación de la mano de obra debido a la obligatoria adopción de medidas de bioseguridad y a la localización de la producción en lugares más cercanos, que darán lugar a lotes de producción más pequeños y a pérdidas de economías de escala y de aprendizaje.
¿Qué hacer para contrarrestar el desempleo?
Hasta ahora, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional han sido acertadas: se han dirigido a mantener la liquidez de las empresas y el empleo y los ingresos de los trabajadores.
Sin embargo, la reapertura gradual de las actividades económicas requiere la implementación de nuevas políticas laborales. En esta fase las ayudas del Estado a las actividades formales, debería focalizarse en los sectores más golpeados por la crisis y por el confinamiento que parcialmente se mantiene, y los recursos que se liberen podrían ser utilizados para programas de empleo temporal.
Los programas de empleos temporales consisten en contrataciones financiadas por el Estado, de corta duración, en sectores intensivos en trabajo para la construcción de pequeñas obras de infraestructura o la prestación de servicios comunitarios. Estos programas tienen un notable impacto sobre el empleo en el corto plazo, dado que pueden llegar a destinar hasta un 90 por ciento de sus costos totales al pago del personal ocupado y en su mayoría comprenden trabajadores no calificados, los más golpeados por la pandemia.
Luego, cuando se entrará en la fase de reactivación total del aparato productivo, las ayudas del Estado a las actividades formales deberían orientarse a incentivar la creación de nuevos empleos a través de programas de subsidios al empleo, es decir, de subsidios o reducciones de las cotizaciones a seguridad social a los empresarios que se comprometan a contratar personal adicional a la nómina existente.
Asimismo, deberán diseñarse desde ya programas de capacitación para recalificar a los trabajadores despedidos y formar la mano de obra para las exigencias digitales de la nueva demanda. Esto no solo retendrá oferta –los trabajadores estudian y no buscan empleo, razón por la cual no clasifican como desempleados–, sino que permitirá reducir el desempleo estructural.
La regulación del trabajo desarrollado en plataformas digitales, de la cual tanto se ha hablado en los últimos meses sin llegar a alguna solución, deberá ser una prioridad de política. No hacerlo dejará sin regulación laboral y de seguridad social a una parte siempre mayor de trabajadores colombianos.
Otras medidas en el campo laboral, no directamente relacionadas con los efectos de la pandemia, pero necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y reducir el desempleo, serán: el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, la reducción y flexibilización de la jornada laboral legal y la implementación de un efectivo seguro de desempleo y del salario por horas (para ciertos sectores y/o colectivos).
STEFANO FARNÉ
Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia
