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¿Menos impuestos, más empleo?

Optimismo de los hacedores de política colombianos debería fundamentarse en una rigurosa evaluación.

En diciembre pasado, el Congreso colombiano aprobó la ley de crecimiento económico, reiterando, en casi todo su texto, lo establecido un año antes por la ley de financiamiento.
Como insinúa su nombre, la nueva ley espera acelerar la inversión privada y, con ello, el crecimiento de la economía y el empleo. Para esto prevé una importante reducción de los tributos que deben pagar las empresas.
Entre las numerosas medidas aprobadas se destacan la baja del impuesto a la renta, del actual 33 por ciento al 30 por ciento en 2022, y el descuento tributario que se reconocerá por el IVA pagado por la adquisición de activos fijos productivos y por el ICA.
Tal vez no todo el mundo recuerde que medidas similares fueron adoptadas en Estados Unidos en diciembre de 2017: el impuesto a la renta de las empresas se rebajó de 35 a 21 por ciento, y se permitió de forma temporal la deducción total de los gastos de adquisición de algunas categorías de activos.

Podría llegarse al paradójico desenlace de que una reducción de los impuestos a las empresas lleve, más bien, a una indeseada disminución del empleo

Aunque, en Colombia, Gobierno y gremios económicos sostienen que las reducciones tributarias a las empresas ya han empezado a dar sus frutos y la inversión privada presenta un destacado crecimiento, en Estados Unidos no existe consenso acerca de cuánto del descuento tributario concedido a las empresas se ha transformado en mayor inversión.
Según el premio nobel de economía Krugman (The New York Times, 15 de noviembre de 2018), las empresas han destinado a la nueva inversión solo una pequeña porción de los menores impuestos. De hecho, la mayor liquidez podría haber sido utilizada por las empresas para incrementar los dividendos y los sueldos de sus trabajadores y directivos, o para proceder a la recompra de acciones, en vez de destinarse a nueva inversión.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (‘IMF Working Paper n.º 120’, 2019) evaluó los efectos sobre la inversión de la reforma tributaria en Norteamérica. Los resultados no son muy halagadores, dado que el informe encuentra que “el auge de la demanda agregada parece haber sido el principal determinante del aumento de la inversión desde 2017” y no el menor costo de uso del capital asociado con la reducción de los impuestos introducida por la reforma, y que “este resultado es coherente con encuestas a empresas que muestran que solo un 10-25 por ciento de las firmas encuestadas atribuyen el planificado incremento en la inversión a los cambios impositivos de 2017” (p. 4).
Así que el optimismo de los hacedores de política colombianos, basado en la simple inspección de las estadísticas del Dane sobre la evolución reciente de la inversión, debería fundamentarse en una más rigurosa evaluación. Más aún si se quieren verificar los efectos esperados de la reforma tributaria colombiana sobre su primordial objetivo: el empleo.
En este caso, a los descuentos tributarios previstos por la ley de crecimiento económico hay que sumarles los incrementos del salario mínimo –por dos años consecutivos por encima de su crecimiento de largo plazo– y la introducción de una prima especial que el Gobierno tramitará en el Congreso para personas que ganan hasta 1,5 salarios mínimos.
En su conjunto tendrían como resultado un incremento del costo relativo de la utilización de la mano de obra no calificada, en comparación con el capital, y, por ende, reducirían su demanda. Esto en el contexto de una tendencia general hacia la automatización de los procesos productivos y la utilización de inteligencia artificial.
Así que podría llegarse al paradójico desenlace de que una reducción de los impuestos a las empresas lleve, más bien, a una indeseada disminución del empleo.
* Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia
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