Formalización laboral

Formalización laboral

Algunas políticas, aunque bienintencionadas, pueden tener efectos negativos.

01 de septiembre 2018 , 11:43 p.m.

Aunque durante los últimos 25 años todos los gobiernos se han comprometido a combatir la informalidad laboral en Colombia, hoy en día esta se mantiene en niveles superiores a los experimentados a mediados de la década de los noventa. Según las estadísticas del Dane, la proporción de ocupados informales en los principales centros urbanos del país era de 45 por ciento en 1994 y 1996, y en 2018 está todavía en 47 por ciento.

La informalidad es un fenómeno que tiene múltiples determinantes, y, en consecuencia, los propósitos para reducirla requieren intervenciones diferenciadas, pero integradas y coordinadas.

Es más, algunas políticas, aunque bienintencionadas, pueden tener efectos negativos sobre la formalización de la fuerza de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de la política salarial y de protección social.

Recientemente se propuso facultar al Gobierno para subir una sola vez y de forma extraordinaria el salario mínimo. Dado que este aumento no tendría ninguna relación con la productividad del trabajo, encarecería la contratación de la mano de obra formal, induciendo informalidad y desempleo.

La idea de gravar la canasta familiar con el IVA también puede tener consecuencias infortunadas sobre el empleo formal. Devolver a los hogares pobres parte del dinero que ellos gastarían para comprar algunos bienes básicos de consumo tendría el mismo efecto de la afiliación al régimen subsidiado de salud: con tal de no perder el beneficio, los beneficiarios no aceptarían un trabajo formal. Esto porque la informalidad dificulta el monitoreo de los ingresos de las familias beneficiarias y, por ende, garantiza la continuidad de la prestación, que se perdería si se aceptara un puesto de trabajo formal.

Por su lado, la reducción de los impuestos a las empresas debe ser estudiada en detalle. Una evaluación llevada a cabo entre pequeñas empresas que se acogieron a los beneficios de la Ley 1429 de 2010, de primer empleo, encontró que después de un año desaparecieron los efectos de los incentivos a la formalización, pese a que las empresas no debían pagar impuestos a la renta y solo cancelar el 50 por ciento de la matrícula mercantil (NBER ‘Working Paper’ n.° 21292).

En cuanto a los efectos de la reducción de los impuestos a la nómina –que bajaron 12,5 puntos porcentuales con la Ley 1607 de 2012, de reforma tributaria–, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo encontró un modesto impacto sobre el empleo formal, de unos 145.000 nuevos empleos generados exclusivamente por micro y pequeñas empresas formales. Las medianas y grandes empresas no aportaron incrementos ocupacionales significativos (IDB ‘Technical Note’ n.° 1268).

No existen en Colombia evaluaciones de impacto en torno a los efectos sobre el empleo formal de rebajas permanentes en el impuesto a la renta de las empresas. Sin embargo, la idea del Gobierno suena atractiva. Habría que sincerarse para que, en efecto, esta reducción lleve a una mayor competitividad de las empresas y, sobre todo, a mayores niveles de inversión.

Hace pocos meses, el Departamento Nacional de Planeación elaboró un borrador de documento Conpes sobre políticas de formalización. Este reconoce que los esfuerzos públicos y privados para que las empresas se formalicen han sido motivados, hasta ahora, por la idea de que, al hacerlo, estas se volverían más productivas. Y observa que, en la práctica, son más bien los aumentos en la productividad aquellos que tienden a llevar a una empresa hacia mayores niveles de formalidad, y no al revés. Este es seguramente un buen punto de partida para establecer una innovadora política de formalización. Ojalá, la nueva directora persista con este esfuerzo.

STEFANO FARNÉ
Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia

Columnistas

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