100.000 empleos jóvenes

¿A los jóvenes gestores de paz se les ofrece un trabajo o una ayuda para poder estudiar?

Stefano Farnéenero 6 de 2023, 08:00 P.M.

En la historia de Colombia, no es la primera vez que un mandatario lanza un programa social sin especificar los detalles de su financiación y funcionamiento. Así que no debe extrañar el reciente anuncio del Presidente de la República de poner en marcha un programa de gestores de paz dirigido a favorecer a 100.000 jóvenes y del cual poco se sabe.

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Lo que se conoce hasta ahora es que se quiere entregar un pago mensual de un millón de pesos a 100.000 jóvenes que viven en las zonas más pobres del país para que se desempeñen como gestores de paz y que, en contraprestación, estudien. Esta ayuda debería permitir a los beneficiarios vivir con cierta dignidad y evitaría que los jóvenes se involucren en la ilegalidad por no tener otras opciones de vida. Este programa debería excluir, entonces, a los encarcelados de la denominada primera línea, como algunos han sospechado que fuera.

En su editorial del pasado 23 de diciembre, EL TIEMPO acertadamente ha resaltado que “cualquier valoración de la iniciativa del Ejecutivo sería prematura a estas alturas”. Sin embargo, dado el costo de este programa –que el mismo Presidente ha cuantificado en un billón doscientos mil pesos anuales y que ha reconocido que “vale un poco de plata”–, es oportuno efectuar algunas reflexiones.

El dinero previsto puede resultar insuficiente para el propósito de dar un trabajo a 100.000 jóvenes con pocas esperanzas de encontrar empleo.

En primer lugar, ¿a los jóvenes se les ofrece un trabajo o una ayuda para poder estudiar? Al parecer, se trata de un empleo que va a ser dirigido por las gobernaciones y alcaldías, que serán las entidades responsables de contratar a esos gestores de paz y convivencia, los cuales serán los encargados de construir un nuevo pacto social en defensa de la vida y la paz en los territorios. Si así es, los jóvenes deberán ser remunerados con un salario mínimo. El millón de pesos mensuales, entonces, puede que no resulte suficiente, teniendo en cuenta que en 2023 el solo salario mínimo será de 1’160.000 pesos, y a ello habrá que sumarle todas las prestaciones de ley. Otro punto relevante al tratarse de un programa de empleo es establecer si los beneficiarios adquieren las destrezas necesarias que les permitirán desempeñarse exitosamente en el mercado laboral una vez salgan de él.

¿Será que ser gestor de paz es un perfil ocupacional que buscan las empresas? En una búsqueda en la bolsa única de empleo del Servicio Público de Empleo no hemos encontrado vacantes registradas por los empleadores que se denominaran “gestores de paz”.

Ahora bien, si, por el contrario, a los 100.000 jóvenes se les quiere dar una ayuda para poder estudiar, la cifra de un millón de pesos mensuales resulta ser incongruente. Y como punto de comparación podemos tomar Jóvenes en Acción, un programa de transferencias condicionadas que entrega ayudas de sostenimiento a jóvenes de menores recursos que estudian en instituciones de educación superior. A los beneficiarios de este programa que atienden un curso en el Sena, por ejemplo, se les entregan 200.000 pesos por mes.

Así que, por un lado, el dinero previsto puede resultar insuficiente para el propósito de dar un trabajo a 100.000 jóvenes con pocas esperanzas de encontrar empleo y, por el otro, puede resultar (comparativamente) excesivo si lo que se quiere es favorecer su formación para el trabajo.

Y finalmente, merece una reflexión el hecho de que sea encomendada al Ministerio del Interior la gestión de este programa. Hay otras dependencias del Estado con mayor experiencia y trayectoria en estructurar y administrar programas de apoyos económicos a jóvenes con dificultades para elaborar sus proyectos de vida e insertarse exitosamente en el mercado de trabajo.

STEFANO FARNÉ

* Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia