Irrespeto al país y a la Corte

Irrespeto al país y a la Corte

El aborto es un derecho de las mujeres, un asunto de salud pública y no de pareceres moralistas.

10 de febrero 2020 , 07:13 p.m.

Qué 'show' mediático tan ridículo al que someten al país y a la Corte Constitucional quienes desde posiciones radicales de derecha y en nombre de Dios insisten en echar para atrás la despenalización del aborto. Quieren primero que todo desconocer a la opinión pública, al Congreso y a dicha Corte, que han demostrado en múltiples ocasiones estar de acuerdo —en amplia mayoría— con este avance legislativo de Colombia, el cual, además de ser un derecho irrefutable para las mujeres y la sociedad, es un asunto de salud pública y no de pareceres moralistas.

Que mal servicio presta al país el partido en el poder cuando, en lugar de ocuparse de asuntos prioritarios y urgentes que lleven a la armonía y la concordia, se detiene en cosas juzgadas cuyos resultados están en sintonía con las legislaciones de los países desarrollados que han superado ya dialécticas fundamentalistas y aceptan la libre determinación de las mujeres a rechazar el seguir adelante con embarazos forzados, de alto riesgo físico y moral, y que en últimas lo único que llevan es a más dolor y sufrimiento de las madres y de los seres que traen a la vida en condiciones no deseadas. ¿Por qué no se ocupan mejor de legislar sobre la plaga de los feminicidios que azota al país y que no ha sido tomada en serio como es la obligación del Estado?

Organizaciones de derechos humanos y Profamilia —institución con la cual todo el país está en deuda por lo que ha logrado en planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos— han enviado a la Corte cifras y datos contundentes y suficientes para no darle más vueltas a este asunto. Profamilia afirma que gracias a la despenalización del aborto por tres causales hace 14 años —malformación del feto, riesgo para la vida de la madre o violación— y mediante los servicios de aborto seguro, en 2019 se evitaron cerca de 374.063 abortos en malas condiciones, que hubieran puesto en riesgo la vida de estas mujeres. No debe olvidarse que, según la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro es una de las cuatro primeras causas de morbilidad y mortalidad materna en el mundo.

Profamilia siempre ha levantado la voz para decir que el estigma, el rechazo, la crueldad y la desinformación siguen enfrentando a mujeres a barreras que les impiden acceder a servicios seguros y de calidad, llevándolas a escenarios peligrosos. Y, lo que es peor, son las mujeres desplazadas, las pobres y sin educación las que cargan con el mayor número de estos casos. La organización ha comprobado que “la oportuna y correcta implementación de la ruta de aborto en las instituciones prestadoras de salud ha demostrado no dejar ningún tipo de secuela física que pueda afectar la futura salud femenina”.

El periódico EL TIEMPO informó en noviembre del 2019 que la Corte Constitucional negó la petición que le hicieron 21 senadores, la mayoría del Centro Democrático, para que anulara el fallo con el que en octubre del 2018 se negó a ponerle un límite de semanas al aborto que está permitido en Colombia. Ellos alegaron que la Corte se había excedido en sus competencias. La Corte les respondió que es de su resorte atender situaciones en las que haya un déficit en la protección de derechos fundamentales, en este caso de la mujer. Pues bien, en Colombia, la vida, la salud y los derechos de las mujeres siguen amenazados, como lo demuestra este nuevo intento de frenar su libre albedrío sobre la maternidad. Es decir que la Corte tiene cada vez más argumentos para seguir avanzando en esta materia.

La Corte, siguiendo su línea progresista en un país que ha sido beneficiado por fallos que interpretan el sentir del pueblo, debería de una vez por todas dar un paso más para eliminar las barreras que existen para la aplicación de sentencias sobre este tema, sobre la eutanasia, la dosis mínima, etc. Se conoce que solo el 5 por ciento de las mujeres viven en lugares donde el aborto está prohibido bajo cualquier causal. Colombia jamás debe dar un paso atrás en esta materia. Por el contrario, se debe llegar a la despenalización plena como lo ha propuesto Human Rights Watch, y la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá, que ha pedido a la Corte la eliminación de ese delito del Código Penal y la garantía irrestricta de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres.

La ONG internacional Human Rights Watch ha señalado que penalizar el aborto va en contra de las obligaciones que Colombia tiene a nivel internacional —encaminadas a garantizar el derecho a la vida, la salud, a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; a garantizar los derechos a no ser discriminada, a la igualdad, la privacidad, la información, y a decidir sobre la cantidad de hijos y nacimientos—. En síntesis, hay que aunar esfuerzos para que se acabe esta polémica absurda y de una vez por todas desaparezca el aborto como un delito en el Código Penal.

Sonia Gómez Gómez

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