Un balance agridulce

Un balance agridulce

Es indispensable y aún es posible empeñarse en la implementación del acuerdo.

30 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

Del 2017 hay que celebrar que se le haya puesto fin a una guerra de más de medio siglo con las Farc, que se hayan destruido sus armas y hayan caído verticalmente homicidios, secuestros, desplazamientos y minas antipersonas. El cese del fuego con el Eln también redujo los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Ambos procesos generaron alivio humanitario.

Aunque los exguerrilleros reciben algún adiestramiento profesional y subsidios para el inicio de su nueva vida, su éxodo de los espacios de concentración se viene incrementando. Los empujan la lenta clarificación de su situación legal, su precaria seguridad física y deficiencias en otros asuntos básicos como agua potable, salud, proyectos productivos.

Ese éxodo estimula disidencias y nutre grupos criminales. Las zonas más afectadas siguen siendo las de la frontera interna e internacional del país, que unen a Colombia con Ecuador y Panamá, y las de la Orinoquia y Amazonia, compartidas con Brasil y Venezuela. Las colindantes con este último reciben además los efectos de sus crisis.

La crucial meta de construcción de paz territorial, que llevó a focalizar 170 municipios para programas de desarrollo, no tiene despejado su camino. Las instituciones no llegan, o donde lo hacen no articulan sus acciones entre sí y menos aún con las comunidades locales, tienen poca capacidad de ejecución o están atrapadas en la corrupción. Aumenta la desconfianza de la población en las instituciones mientras la polarización política acorrala al país con desinformación, temores y mentiras en contra del proceso de paz.

El Estado no ha logrado impedir que grupos armados irregulares se disputen territorios, rutas y rentas de negocios ilegales abandonados por las Farc.

El Gobierno hizo pactos con campesinos para sustituir cultivos de uso ilícito, pero tardan en llegar las vías, los mercados y el acompañamiento requerido. En cambio, la erradicación forzada con venenos y armas cumplió sus metas pero no fue un último recurso, como había sido pactado; obedeció a la presión de Estados Unidos, a la que contribuyeron expresidentes colombianos. Ante la represión estatal y la ausencia de alternativas legales, esa medida agudizó conflictos sociales.

Por presiones de la oposición y por su misma precariedad, el Estado colombiano ha mostrado gran dificultad para hacerles frente a los desafíos del posacuerdo. La Corte Constitucional sentenció que el acuerdo debía ser cumplido de buena fe, pero abrió la puerta para que se lo modificara, lo cual fue aprovechado por opositores y oportunistas para dilapidar el fast track.

Unos congresistas condicionaron su presencia o su voto a la obtención de contratos, puestos y recursos, otros se dedicaron a la politiquería, y los que quieren hacerlo trizas lo bloquearon cuanto pudieron. No se abordó el problema agrario, se enterró la reforma política, se impidió que terceros vayan a la justicia transicional, y el tema de las circunscripciones especiales enfrentó ramas del poder público, lo cual afectó el Estado de derecho y agudizó la polarización.

El Estado no ha logrado impedir que grupos armados irregulares se disputen territorios, rutas y rentas de negocios ilegales abandonados por las Farc. La Fuerza Pública no llega o lo hace tarde. Entre el 2016 y el 2017 fueron asesinados cerca de 200 líderes sociales. En lugar de informar sobre los resultados de su estrategia de protección, el Mindefensa reitera que los asesinatos han bajado, que se trata de casos aislados debidos a líos de linderos, de negocios ilícitos o de faldas, velando así que se los amenaza y mata por su defensa de derechos y territorios.

Es indispensable y aún es posible empeñarse en la implementación del acuerdo. Para ello será decisivo que en las elecciones legislativa y presidencial triunfen opciones comprometidas con cambios cruciales para construir paz con desarrollo territorial y nacional.

SOCORRO RAMÍREZ

Columnistas

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