Estos cuatro años de negociaciones han sido efectivos, entre otras cosas, porque, a diferencia de los anteriores intentos, las Farc han mostrado voluntad para poner fin a su levantamiento armado, debido al debilitamiento militar y político infligido por sucesivos gobiernos y por la opinión pública. Su última conferencia como guerrilla –luego de haber cumplido una tregua unilateral que ahorró muchas vidas y después de haber empezado a pedir perdón, a desminar y a devolver niños de sus filas– ha ratificado el acuerdo y adoptado medidas para transformarse en partido político luego del triunfo del Sí en el plebiscito y del abandono de las armas. Y anuncios como la devolución de la hacienda La Estrella en el Caguán, arrebatada con sangre y muerte, confirman la decisión de reparar.
Este proceso partió de las nuevas realidades del conflicto armado, se ha centrado en las víctimas y ha tomado en cuenta las lecciones dejadas por negociaciones similares que ayudaron a sentar las bases del proceso actual, emprendidas por varios expresidentes, incluidos los abanderados del No. Evitó que se fueran agazapando “enemigos de la paz” en el Estado, como ocurrió en los años ochenta. En esta ocasión, la Fuerza Pública, luego de un fuerte accionar que debilitó a las Farc, ha sido partícipe directa en la definición sobre cómo poner fin a la confrontación, está ayudando a hacerlo realidad y tiene la tarea de impedir que otros grupos armados las reemplacen.
Procesos como los del Caguán y Ralito no tuvieron hoja de ruta clara y sus acuerdos no fueron difundidos ni sometidos a plebiscito, como se hace ahora. A diferencia del proceso del Caguán, que no logró precisar la agenda y creó una “zona de distensión” de 42.000 kilómetros cuadrados en cinco municipios desprovistos de presencia estatal y con despeje indefinido, ahora son ocho campamentos y veinte zonas de concentración con un total de 320 kilómetros cuadrados, con presencia del Estado, cronograma de seis meses y verificación tripartita. Y para no repetir el desarme simbólico de los paramilitares, que no desmontó su accionar criminal ni impidió su reconversión, los exguerrilleros deben entregar a la ONU el armamento, aportar verdad, reparación, garantías de no repetición y dejar los negocios ilegales.
Héctor Riveros, en La Silla Vacía, demuestra cómo los beneficios jurídicos, económicos y políticos que el acuerdo actual contempla para cada uno de los ex-Farc son cuantitativa y cualitativamente menores que los que obtendría un guerrillero si se desmovilizara individualmente, que los entregados a otros grupos que han llegado a acuerdos similares en el pasado o que los ofrecidos a las guerrillas entre 2002 y 2010.
Los beneficios para los ex-Farc ocupan un porcentaje menor de este acuerdo –que es el mejor posible y cuenta con total respaldado internacional–, mientras la mayor parte está dedicada a enfrentar problemas que han alimentado la guerra y a poner fin a todo tipo de uso de las armas en la política. Además, el acuerdo logró un enfoque diferenciado y equilibrado de género, étnico y regional.
La prioridad del desarrollo rural integral es una apuesta inaplazable y está ligada a la búsqueda de alternativas sostenibles y pactadas con campesinos que, por falta de opciones, quedaron atrapados en cultivos para mercados ilegales regulados por la criminalidad. Ahora esas poblaciones marginadas tendrán la oportunidad de participar en la planeación del desarrollo en sus regiones, de la veeduría de presupuestos y de su ejecución en electricidad, hospitales, escuelas, acueductos, alcantarillado, carreteras, formalización de la propiedad, y líderes locales obtendrán 16 curules en la Cámara distintas a las de las ex-Farc.
Entonces, ¡obvio que Sí!
Socorro Ramírez
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