Tras cuatro largos años de conversaciones en La Habana (Cuba), el presidente colombiano Juan Manuel Santos negoció un final al conflicto armado que sucesivos gobiernos sostuvieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla más resistente de América Latina. Se calcula que la guerra civil colombiana, que duró seis décadas, provocó la muerte de unas 220.000 personas y el desplazamiento de seis millones. Ponerle fin fue una notable hazaña diplomática, que hace a Santos merecedor del aplauso mundial. Debería ser, de lejos, el principal candidato al Premio Nobel de la Paz de este año.
Tres importantes factores condujeron al acuerdo de paz: la mejora operativa de las Fuerzas Armadas colombianas, que les permitió diezmar las filas de las Farc; el trabajo diplomático previo de Santos para arreglar las pasadas desavenencias de Colombia con el eje formado por sus vecinos Venezuela, Ecuador y Bolivia, que durante mucho tiempo dieron a las Farc apoyo logístico y político, y la nueva política cubana de acercamiento a los Estados Unidos, que Santos supo poner al servicio de sus propios esfuerzos de pacificación.
Logradas las condiciones para negociar, lo siguiente que tenía que encarar Santos era la causa original del conflicto. Para ello, en junio del 2011 firmó, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, una ley sobre reconocimiento y reparación a las víctimas y restitución de tierras. La ley fue un hito que en un solo acto pacificó regiones violentas, hizo justicia a millones de campesinos desposeídos, mejoró radicalmente los niveles de vida y le quitó atractivo a un grupo guerrillero que usó la bandera de la reforma agraria para justificar incontables atrocidades. Incluso se ganó el elogio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por sus cláusulas especiales en relación con las mujeres y los niños sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, y las víctimas de discriminación sexual.
Esta ley, aunque imperfecta, ayudó a sentar las bases de la paz y la reconciliación nacional en Colombia. Incluso, el mismo exjefe de las Farc, ‘Alfonso Cano’ (nombre de guerra de Guillermo Sáenz Vargas), lo reconoció en 2011.
Inevitablemente, el régimen de justicia transicional empleado por el Gobierno de Colombia para poner fin al conflicto y reintegrar a las Farc al proceso político tiene algunos detractores y ha dividido al electorado en el país. El expresidente Álvaro Uribe se ha convertido en voz cantante de quienes se oponen al acuerdo de paz, con el argumento de que no castiga suficientemente a los milicianos de las Farc.
Sin embargo, el acuerdo firmado en La Habana es histórico e innovador, porque hace hincapié en la búsqueda de la verdad sin renunciar a la justicia. No se centra en la venganza y el castigo, sino en la idea de “justicia restauradora”, un principio usado por el arzobispo Desmond Tutu para describir la transición de Sudáfrica a un gobierno de mayoría después del ‘apartheid’. El modelo colombiano de justicia transicional reconoce que el único modo de lograr la reconciliación nacional es reparar y revitalizar las comunidades rotas por la larga y despiadada guerra.
Es decir que en este modelo se prioriza a las víctimas, más que en cualquier otro proceso de paz de los últimos años. En las negociaciones en La Habana también participaron delegaciones de las víctimas y se reunieron con la dirigencia de las Farc, responsable de tantas crueldades.
Parece que para la adopción de esta innovadora metodología, fue importante el aporte de una subcomisión de temas de género que analizó propuestas de organizaciones no gubernamentales representantes de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. El Gobierno también tuvo el buen tino de crear una subcomisión especial para examinar la historia del conflicto, ya que a menudo el desacuerdo sobre el pasado es un obstáculo insuperable para la paz y la reconciliación.
Ahora la atención deberá centrarse en la política interna colombiana, porque los procesos de paz son vulnerables a la opinión pública. Mientras la guerra a menudo une a los países, la paz tiende a dividirlos, porque demanda concesiones y sacrificios inevitables. La paz tiene un precio, y es común el desacuerdo con respecto a quién debe pagarlo. Para un líder democrático, negociar la paz es (perversamente) más arriesgado que hacer la guerra.
Esto vale especialmente para los procesos de paz asimétricos entre gobiernos elegidos democráticamente y actores no estatales que no rinden cuentas a nadie y no tienen que pensar en las próximas elecciones, los partidos políticos opositores, la prensa o el escepticismo de la opinión pública. Pero a pesar de estas enormes restricciones, el gobierno de Santos nunca se alejó de los procedimientos democráticos correctos. Tuvo en cuenta propuestas de asambleas populares de todo el país y mantuvo la transparencia en todo el proceso.
Santos superó obstáculos formidables, y el próximo será un plebiscito en octubre, en el que ojalá el pueblo colombiano reconozca que su país le dio a un mundo atravesado por conflictos un nuevo modelo para la paz. La comunidad internacional debe tomar nota y ayudar a Colombia en la difícil transición que le espera durante la implementación de políticas adaptadas al nuevo acuerdo. La etapa posterior al conflicto no será menos demandante que el proceso de paz mismo.
Shlomo Ben Ami
* Ex ministro israelí de Asuntos Exteriores, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y autor del libro 'Cicatrices de guerra, heridas de paz: la tragedia árabe-israelí'.www.project-syndicate.org
