Reformas tributaria y laboral

Reformas tributaria y laboral

Es necesario concretar reformas estructurales para tener ‘fuentes’ adicionales de recursos públicos.

23 de enero 2021 , 11:54 p. m.

Desde la aparición de la pandemia un año atrás, un grupo amplio de economistas, abogados y cienciopolitólogos hemos venido buscando consensos sobre políticas públicas tendientes a superar esta difícil situación de salud, decaimiento social y tensión macrofiscal. Infortunadamente se escuchan repetidos pronunciamientos gremiales y de facciones políticas acerca de que “este no es el momento para discutir temas estructurales en Colombia”.

Ha ido quedando claro que el principal desafío consiste entonces en poder explicar a un público amplio la necesidad de concretar reformas estructurales en los campos tributario, laboral y pensional, en medio de tanto malestar social. Y considero que la mejor forma de hacer esta pedagogía consiste en ir entrelazando los beneficios inmediatos de las reformas estructurales con los sacrificios que ellas implican. Esto equivale a pensar en términos de ‘potenciales usos’ de esos nuevos recursos, identificando de forma realista esas ‘fuentes’ adicionales de recursos públicos.

Por ejemplo, parece existir un amplio consenso sobre la importancia de expandir los programas focalizados en los más pobres, pero esto requiere incrementar el recaudo en 1 % del PIB y así beneficiar a 6 millones de personas. Como suele ocurrir, ha sido fácil que Gobierno y Congreso concurran sobre las bondades de ese mayor gasto social, pero ni el uno ni el otro han identificado aún la fuente precisa de esos nuevos recursos. Ojalá los ‘retiros’ en Hatogrande hayan iluminado al Ejecutivo sobre el camino adecuado por seguir.

Creemos que la Comisión de Expertos Tributarios pronto estará recomendando eliminar numerosas exenciones en la aplicación del IVA, cuya tasa del 19 % tan solo se aplica al 46 % de los bienes y servicios transados en Colombia. De hacerse, allí existe un potencial de mayor recaudo cercano a ese 1 % del PIB que se quiere de gasto social. Y hasta de 2 % del PIB, una vez culmine la modernización de la Dian hacia el 2023.

Nótese que esta estrategia no solo enlaza mayor gasto social con mayor recaudo, sino que tiene la bondad de mejorar la distribución del ingreso. Esto se haría a través de no cobrarles o devolverles ese mayor IVA a estratos bajos, tal como se ha venido haciendo en el último año. Fedesarrollo ha calculado que la incidencia del IVA en la canasta básica para los estratos altos estaría elevándose del 3 al 12 %, corrigiéndose una aberrante regresividad.

También se puede entrelazar mayor gasto social con ganancias en progresividad tributaria, a través de ampliar la cobertura del impuesto patrimonial en los hogares ricos. Actualmente se parte de $ 5.000 millones de activos netos, luego tan solo contribuyen 5.000 personas que pagaron 0,05 % del PIB en 2020. Este impopatrimonio debería aplicarse desde los $ 1.000 millones, pero a tasas moderadas en el rango 0,25-1 %. Esto para evitar negativos efectos expropiatorios y, por supuesto, sin extenderlo a las firmas, ya que ello drena la inversión productiva.

De forma similar, los decretos bajo pandemia probaron que sí existe voluntad política para mejorar la equidad a través de gravar las pensiones altas. Solo que se cometió el error de excluir las del sector privado y, por ello, la Corte declaró su inexequibilidad. Ahora se tiene la oportunidad de enmendarla e incrementar el recaudo con gravámenes en el rango 5-10 % para aquellas que superan los $ 6 millones/mes.

En el frente laboral, el encadenamiento tiene que ver con profundizar ganancias en formalización laboral a través de reducir los costos no-salariales, donde el sacrificio debe implicar abolir el 4 % de Cofamiliares. Colombia ha venido reduciendo dichos costos del 63 % en 2012 al 50 % actual, pero todavía estamos fuera del radar competitivo a nivel global. Ha llegado la hora de entrelazar beneficios con sacrificios.

SERGIO CLAVIJO

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