Periscopio social-presupuestal

Periscopio social-presupuestal

La miopía presupuestal parece ser el error más protuberante de la reciente Ley 2010 del 2019.

07 de marzo 2020 , 11:21 p.m.

El buen manejo presupuestal consiste en avizorar a tiempo las obligaciones sociales y de infraestructura que tendrá el Estado hacia el mediano plazo. Los gobiernos cortoplacistas suelen hacer exagerado bombo de sus programas y, además, poca atención prestan a horizontes más allá de su cuatrienio.

Esta miopía presupuestal parece ser el error más protuberante de la reciente Ley 2010 del 2019. Tal como se ha explicado, la relación recaudo neto (de devoluciones)/PIB se estará reduciendo del 14,2 % del 2019 hacia solo 13,4 % a la altura del 2022.

Al Congreso se le dijeron medias verdades cuando preguntó: ¿cómo se estará cerrando la brecha tributaria resultante de exageradas exenciones a las firmas? El Ejecutivo respondió que “eso se pagaba solo” por concepto de la supuesta reactivación económica y de las ganancias en gestión de la Dian. Si bien es cierto que esto último va por buen camino institucional, dichas ganancias difícilmente llegarán al 1,5 % del PIB que se ha dicho y estarán más cerca de 0,3 % del PIB por año.

El resultado será, entonces, que las presiones presupuestales continuarán creciendo a ritmos del +4 % real por año (dada la indexación salarial oficial observada), mientras que el recaudo se drenará por las razones antes explicadas. La pregunta de fondo es: ¿cuál será entonces la trayectoria más probable de la relación deuda pública bruta del Gobierno central/PIB durante 2020-2022?

Para intentar responder esta pregunta, lo mejor es imaginar el periscopio de un submarino que ‘bucea’ en las turbulentas aguas fiscales de Colombia y debe mirar, primero, dónde está ubicado. La primera imagen le indica que esa relación deuda pública/PIB está actualmente cerca del 52 % del PIB, lo cual implica que se ha elevado en cerca de 18 puntos porcentuales durante la última década (casi a razón de 2 puntos por año). Ese nivel de deuda pública ya desborda el referente de países emergentes con similares evaluaciones de riesgo país, lo cual preocupa a la mayoría de las calificadoras.

Para saber cuál será la posición fiscal futura, ese periscopio debe mirar también hacia las llamadas ‘deudas contingentes’. Estas se refieren a los faltantes en salud, pensiones y las ‘vigencias futuras’ expedidas con cargo a la infraestructura (incluyendo el metro de Bogotá). Se ha estimado que estas estarán adicionando al gasto 0,6 % del PIB por año (siendo la mitad de ellas las de infraestructura).

Pero ha surgido un inconveniente adicional en esta marea presupuestal, y nuestro periscopio fiscal deberá ahora mirar hacia atrás, pues resulta que se tienen serios atrasos en pagos a la salud, fallos judiciales y subsidios-energéticos. Estos han sido estimados por la propia administración Duque en cerca de 2 % del PIB, de los cuales se emitieron ya la mitad en 2019, para evitar la paralización de EPS-IPS.

Hecha toda la aritmética del caso, se tiene que la trayectoria más probable de la deuda pública bruta del Gobierno central/PIB continuaría incrementándose del actual 52 % hacia no menos del 56 % para el 2022. Como se ve, la “cintura del Gobierno’ es mínima como para acomodar las mayores demandas por gasto público que han planteado las mesas de diálogo resultantes de los paros de finales del 2019.

El Gobierno actuaría de forma irresponsable si continúa dando la falsa señal de que está en capacidad de acomodar mayor gasto público, cuando lo que se requiere es reducir el gasto burocrático y pensional. La buena noticia es que el Minhacienda parece estar reconociendo esta nueva condición de ‘sinceramiento fiscal’ y se apresta a que la regla fiscal por fin mire lo sustantivo: el balance fiscal primario (neto de intereses), lo cual determinará si evitamos que la deuda pública del Gobierno central desborde el 56 % del PIB hacia el 2022.

SERGIO CLAVIJO

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