Orden público, posconflicto y recursos fiscales

Orden público, posconflicto y recursos fiscales

Las relaciones diplomáticas de Colombia se han vuelto a ‘narcotizar’.

22 de mayo 2019 , 07:00 p.m.

Tras casi dos años de haberse firmado el acuerdo de paz con las Farc, el balance en los frentes de orden público y de implementación de lo allí acordado deja mucho que desear. El Estado colombiano resultó incapaz de contener el escalamiento del narcotráfico (triplicándose las áreas dedicadas a ello) y copar los lugares que dejaban cerca de 5.000 guerrilleros desmovilizados en compañía de unas 10.000 personas de apoyo.

Además, la estrechez presupuestal del período 2016-2019 está poniendo en seria duda las asignaciones “básicas-operativas” del posconflicto (estimadas en un 2 % del PIB). De contera, Colombia está enterrando la idea de aprovechar el posconflicto para lograr modernizar la infraestructura agrícola y su red vial (con un costo adicional de 3 % del PIB).

Tanto el FMI, la Ocde y las calificadoras de riesgo vienen advirtiendo que con una relación recaudo tributario/PIB tan baja como un 14 %, frente al deseado 17 %, Colombia tendrá serias dificultades para proveer los bienes públicos esenciales. Es una quimera pensar que la generosa reducción impositiva al sector corporativo colombiano, resultante de la Ley 1943 del 2018, resolverá por sí sola la estrechez presupuestal estructural a través de acelerar la inversión y el crecimiento.

El Estado colombiano resultó incapaz de contener el escalamiento del narcotráfico y copar los lugares que dejaban cerca de 5.000 guerrilleros desmovilizados

Ninguna de estas dos últimas variables están mostrando el dinamismo requerido para ello, pues la relación inversión/PIB luce baja a niveles del 23 % y el crecimiento del PIB-real difícilmente superará el 3,3 % en 2019 (tras un flojo arranque a ritmos de solo 2,8 %). Inclusive, varios bancos de inversión han reducido de 3,5 % a 3,3 % las perspectivas de crecimiento de Colombia para el 2020. El FMI acaba de sincerar sus proyecciones de mejoras en eficiencia del recaudo al reducirlas del 1,5 % del PIB en años anteriores a cifras modestas de 0,1 % del PIB por año. Cabe esperar que esta cifra se pueda mejorar tras la reforma de la Dian aprobada en dicha ley, pero ello difícilmente ocurrirá antes de 2-3 años.

El deterioro del orden público en Colombia durante 2018-2019 es particularmente preocupante, dada la delicada situación geopolítica de Venezuela. El gobierno tambaleante de Maduro se ha convertido en un corredor-refugio de asociaciones delictivas relacionadas con contrabando de combustibles, minería ilegal y narcotráfico. Colombia asiste nuevamente a una amenazante proliferación de las ‘bacrim’, ahora asociadas con las disidencias de las Farc (2.000 combatientes) y del Eln (5.000 miembros), avivándose las células urbanas (denominadas JM-19).

Se ha estado materializando lo que Anif denominó, hace dos años, el ‘efecto avispero’ de esparcir el conflicto asociado al narcotráfico a nuevas áreas de la geografía nacional. ¿Sabía usted que varios municipios del Valle del Cauca y Norte de Santander muestran tasas de homicidios próximas a 50 por cada 100.000 habitantes (similares a los peores registros históricos de Colombia)?

Las relaciones diplomáticas de Colombia se han vuelto a ‘narcotizar’. No solo están en la palestra los temas de objeciones a la JEP y las retaliaciones referidas a las visas a Estados Unidos, sino que podrían también comprometerse ayudas relacionadas con los inmigrantes venezolanos y con el llamado plan Paz Colombia (representando US$ 250 millones anuales).

Ha llegado la hora de que los colombianos de bien nos despertemos ante las graves amenazas del narcotráfico. La situación de Estado semifallido que nos marcó el año 1989 debería ser un aliciente para empuñar el instrumental legal y legítimo aprendido durante los últimos 30 años, el cual deberá complementarse con mejoras del recaudo tributario y esquemas de gasto público mucho más eficaces.

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