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Hidroituango y el cohete Challenger

Hidroituango y el cohete Challenger

¿Cómo deben proceder gerentes y miembros de junta que heredan proyectos mal concebidos?

25 de septiembre 2021 , 09:39 p. m.

¿Qué tienen en común las tragedias de Hidroituango (HI) y el estallido del cohete Challenger (CC) en 1986? Que en ambos casos hubo error humano en apreciación de riesgos relacionados con la interacción entre la ingeniería y la madre naturaleza.

En el primer caso, esos errores han implicado lucro cesante, sobrecostos y atrasos en la provisión de energía (15 % del potencial nacional). Pero allí no hubo ningún muerto y, que se sepa, ningún dolo, ni muestras de corrupción de las directivas de EPM, los mandatarios territoriales o el cuerpo técnico que manejó tan complejo proyecto.

Y, sin embargo, la Contraloría ha concluido que muchos de ellos deben ser condenados pecuniariamente a nivel personal y con pliego de cargos para entorpecer su futuro profesional o aspiraciones políticas. Esto solo ocurre en Colombia, donde organismos de control gustan de ‘justicia-espectáculo’, habilitados como jueces supremos basados en autoperitajes, sin experticia en macroproyectos de ingeniería.

En cambio, el estallido del CC mató a toda su tripulación (7 en total), paralizó actividades espaciales por 3 años y condujo a reestructurar la Nasa. Y la Comisión Rogers encontró múltiples fallas de criterio y supervisión de tiempo atrás: problemas en juntas tóricas que a bajas temperaturas colapsaron el combustible, errores de diseño (sin paracaídas ni escotillas de escape), opacidad en reportes de contratistas.

Y en el país donde prima el ‘imperio de la ley’, ¿cuál fue el saldo judicial de dicha calamidad? Número de funcionarios demandados: cero; imputados con cargos: ‘none’; reclamos pecuniarios a nivel personal: ninguno.

Y ello no significó ‘impunidad’, sino aprendizajes efectivos para evitar repetir errores, según la Comisión Rogers (creada para ello), sin burocracias de oficio. Allá no existen ni contralorías espectáculo ni jueces expeditos de funcionarios públicos. Se tiene un sistema judicial acendrado que distingue entre corrupción, dolo y mala intención, respecto de la incertidumbre y riesgos no cuantificables cuando se trata de complejos proyectos de ingeniería.

Fueron el Gobierno de Estados Unidos y las firmas contratistas los que asumieron los US$ 7 millones en indemnizaciones a familias afectadas, ninguna de las cuales demandó al Gobierno por ‘negligencia’. Se evidenciaron unos errados ‘juicios de valor-técnico’ bajo incertidumbre, en cabeza de la Nasa, sobre condiciones climáticas adversas para el despegue; les ganó la presión del cronograma plurianual. Pero a nadie se le ocurrió que futuros errores se evitarían crucificando públicamente a unos cuantos.

En Colombia, varias decisiones técnicas también han salido mal: la de represar agua en montañas muy encajonadas (HI); pensar que sería negocio duplicar la capacidad de refinación (Reficar), hoy con TIR a la mitad de la deseada; o mezclas en losas de concreto (autopista Norte, Bogotá). Pero la justicia-espectáculo de Colombia procedió a meterlos a la cárcel, incautarles sus sueldos y dañarles sus hojas de vida.

¿Y cómo deben proceder gerentes y miembros de junta que heredan proyectos mal concebidos, teniéndose ‘costos hundidos’ por evaluarse? El veredicto factual de las ‘asustadurías’ en Colombia ha sido que si algo salió mal (previsible o no, innovador o no), alguien debe pagar por ello y ojalá con su propio bolsillo para generar ‘escarmiento’.

Este es un enfoque errado y políticamente peligroso, pues la función innovadora queda abolida, al tiempo que paralizan obras rescatables (HI). Pero claro, si la métrica de triunfo es inventariar elefantes blancos, pues ello les dará réditos políticos a las ‘asustadurías’. Nada de esto ayudará al aprendizaje y, además, espantarán del sector público a técnicos bien intencionados. ¿Acaso deben ser estos los objetivos de los organismos de control: pavimentarse carreras políticas?

SERGIO CLAVIJO

(Lea todas las columnas de Sergio Clavijo en EL TIEMPO, aquí).

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