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Esa innovación impulsaría la productividad multisectorial y añadiría puestos de trabajo.

Sergio Clavijo
Desde de la posguerra se han venido afinando diagnósticos acerca de los requisitos para avanzar simultáneamente en los planos económico, social y político. Schumpeter (1947) argumentaba que la clave estaba en la “innovación tecnológica”, así la automatización destruyera algunos puestos de trabajo.

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Al final, esa innovación impulsaría la productividad multisectorial y añadiría puestos de trabajo en nuevos sectores, especialmente en servicios. La dinámica del desarrollo socioeconómico del Reino Unido y Estados Unidos, con su gran expansión en bienestar social durante 1945-1970, le daría la razón a la “destrucción creativa” de Schumpeter.
Sin embargo, no ha sido fácil extrapolar esos casos de éxito al mundo emergente de Asia o América Latina, durante 1970-1990. Aquí han jugado en contra factores que descarrilaron el potencial de muchos países emergentes por serias deficiencias en calidad educativa, carencia de infraestructura o debilidad institucional. Currie postulaba, en 1950, a Filipinas, Argentina y Colombia como los países con mayor potencial de desarrollo, pero los tres han fracasado y se caracterizan hoy por tener Estados de papel, según Acemoglu y Robinson (A-R, 2010).
Unos pocos lograron avanzar apoyados en las “muletas de autoritarismo”, como Corea del Sur, Indonesia o Chile durante 1980-1990. Pero siempre quedaba la duda sobre su sostenibilidad social cuando se vieran forzados a virar hacia esquemas más democráticos. El Chile de 2018-2022 bien podría reversar su éxito económico, intentando buscar un sistema más inclusivo en lo político-social.
Al preguntársele a cienciopolitólogos sobre el factor fundamental que aseguraría la sostenibilidad en avances socioeconómicos, la respuesta ha sido: las instituciones democráticas (A-R, 2010). El problema con esta respuesta es que ella no explica cómo se construyen sólidas instituciones, las cuales deben (además) acoplarse ante nuevos clamores libertarios. Inicialmente, estos autores habían ignorado el complejo tejido social de factores religiosos, culturales y geográficos, que a la postre explican efectos diferenciados por épocas y regiones.
Historiadores, analistas políticos y economistas estamos todos tratando de revisar el curso de la historia para dilucidar el tramado que está detrás de los actuales movimientos antiestablecimiento. Quienes protestan suelen ignorar el gran progreso social registrado durante 1995-2019 en materia de reducción de la pobreza (cayendo a la mitad) y menor desigualdad, pero esta última requiere mayores avances. Durante 2009-2019 escalaron las protestas globales antiestablecimiento, pasando por la toma de Wall Street, ‘chalecos amarillos’ y revueltas que llevaron a reescribir la Constitución de Chile.
La historiadora McCloskey (2010) postula que “la orgullosa burguesía, innovadora y prolibertad” había triunfado en los frentes de reducción de pobreza e inclusión social en Europa, pero aun dejando que desear en el caso de Estados Unidos. Ese éxito histórico se explica por esas ideas innovadoras, particularmente las provenientes de países nórdicos.
A-R (2019) han profundizado sobre los determinantes del éxito institucional y concluyeron que, en los casos exitosos, los clamores por mayor libertad han logrado encajarse dentro del “estrecho corredor” en que se equilibra el Estado, a través de su fuerza coercitiva y monopólica, con las organizaciones sociales y partidistas que lo sustentan. Su forma organizativa (presidencial o parlamentaria) no parece hacer mayor diferencia, pero sí el liderazgo partidista y la cohesión de la democracia representativa. Ojalá que, en 2022, experimentados líderes como Fajardo o Peñalosa logren encajar bajo instituciones democráticas los reclamos de una clase media ascendente que había llegado a representar el 70 % de la población antes de la pandemia.
SERGIO CLAVIJO
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