Funcionarios y las ‘asustadurías’

Funcionarios y las ‘asustadurías’

Efecto perverso están teniendo las actuaciones arbitrarias de la Contraloría y la Procuraduría.

10 de agosto 2019 , 10:48 p.m.

Hemos venido señalando el perverso efecto que están teniendo algunas actuaciones arbitrarias de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Procuraduría sobre empresas privadas y la vida de ciudadanos de bien. Se trata de fallos en los que no ha habido ni robo ni desfalco de lo público, sino donde esas ‘asustadurías’ concluyen que hubo “detrimento patrimonial” a través de conceptuar que algunos proyectos se hubieran podido hacer de mejor forma.

Esos organismos de control aducen que hubo negligencia de funcionarios al no haber enderezado proyectos mal concebidos desde su inicio. En otras ocasiones, dichas ‘asustadurías’ han sancionado a empresas privadas y a funcionarios recriminándoles que ellos han debido cancelar dichos proyectos en curso.

¿Acaso han evaluado los organismos de control el gran daño patrimonial que se hubiera generado al Estado de haberse procedido a cancelar, como ellos insinúan, proyectos como Reficar (US$ 8.500 millones) o Hidroituango (US$ 4.600 millones)?

En proyectos de ingeniería de alta envergadura (5-7 años), la tasa de imprevistos suele ser alta a nivel internacional. Por eso se habla de la llamada ‘ley de hierro de la infraestructura’: suele ocurrir que los presupuestos se multiplican por dos y los tiempos, por tres veces. Muchas veces no se trata de negligencia ni de corrupción, sino de la elevada complejidad de la ingeniería de infraestructura.

Pero el daño que hacen esos organismos de control no se limita a la reputación empresarial. Se está generando un daño intertemporal con las nuevas generaciones cuyo talento están alejando del sector público: esa gente de bien lo último que está ahora pensando es en convertirse en funcionario público, como elemental mecanismo de defensa personal precautelativa.

¿Qué talentoso ‘millennial’ querrá arriesgarse a terminar en la cárcel o a sacrificar sus pocos ahorros familiares frente a las temerarias acusaciones de los organismos de control?

Las generaciones nacidas en los años 50 sentíamos que ‘hacer el amor y no la guerra’ (Woodstock, 1969) implicaba, cuando maduros, vincularnos al sector público. En los Estados Unidos se hacía a través del Peace-Corps, y en Colombia aprovechamos American Field Service (incluyendo al expresidente Gaviria). Desde el colegio nos inculcaban que la clase media-pudiente tenía la obligación de convertirse en “agente de cambio social”, y en muchos casos ello se cristalizó al llegar a las altas cortes, otros al DNP o al Banco de la República.

El llamado más generalizado a vincularse al sector público ocurrió hace 30 años frente al asesinato de Galán a manos de la mafia (1989), cuando en el ‘Club Suizo’ se ideó la Colombia de la Constitución de 1991. Pocos dudaban entonces en prestar esos servicios públicos, con pagas bajas y tiempos de trabajo extenuantes. Ese semillero floreció y creció gracias a las políticas públicas de ensanchar la tecnocracia hacia los sectores de la Fuerza Pública y de la rama Judicial (sectores ignorados del ‘Estado fallido’ que pretendíamos poner a funcionar).

Hasta se reformaron los organismos de control para quitarles el pernicioso peaje burocrático que surgía del “control previo”, cuando varios contralores de la Nación terminaron en la cárcel al descubrirse su permanente botín presupuestal. Triste constatar que, ahora, las ínfulas burocráticas impulsan en el Congreso el regreso del “control previo” y con asignaciones preestablecidas en función del presupuesto nacional.

Henos nuevamente aquí, al borde del precipicio generacional, donde hijos y nietos difícilmente arriesgarían sus carreras por servir nuevamente al Estado. Tres décadas después, las ‘asustadurías’ espantan nuevamente a la gente de bien del sector público, abriéndoles el camino a los de conducta socialmente dudosa.

SERGIO CLAVIJO

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