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Desempleo estructural y tributación

La solución implica reformas simultáneas en los frentes laboral y tributario.

Sergio Clavijo
El desempleo en Colombia ya venía mal durante 2015-2019, escalando del 9 % hacia el 11 %. En prepandemia se decía que esto se solucionaba por sí solo y que bastaría con acelerar el crecimiento. A esa misma ingenua conclusión había llegado la Misión Chenery sobre empleo en los años ochenta. Al no tenerse un adecuado diagnóstico, el establecimiento colombiano decidió colgarles todo tipo de cargas no salariales a las nóminas de las empresas, escalándolas del 43 % en 1982 al 58 % en 1997 y al pico del 63 % en 2012.
El desempeño histórico reciente, además, daba poco sustento a tal hipótesis de aceleración PIB como antídoto contra el desempleo. Por ejemplo, en la fase pos-Lehman, el PIB real se aceleró de un promedio de 2 % anual durante 2008-2009 hacia el 4,5 % anual en 2010-2015, pero el desempleo nacional nunca logró bajarse del 9 % ni el urbano, del 10 %.
Es evidente que se trata de un problema estructural, y debemos partir de principios económicos básicos: si la contratación laboral legal es más costosa que el capital físico, entonces el crecimiento continuará dándose más por maquinaria y tecnología. La literatura económica sobre ‘impuesto-puro’ tiene amplia evidencia al respecto. De allí la importancia de reducir drásticamente los sobrecostos no salariales en Colombia, los cuales atentan contra la formalidad laboral y la competitividad internacional.
Hasta curtidos políticos como Vargas Lleras parecen haberlo entendido (ver su columna del 3 de mayo). En efecto, deben reducirse las cargas no salariales, en línea con lo realizado en la Ley 1607 del 2012, pues a pesar del recorte de 13,5 puntos (salud, ICBF y Sena), estos todavía representan 51 %. En Chile, este sobrecosto empresarial era cercano a cero, pero se estaría elevando al 10 %, todavía en rango manejable.
¿Dónde recortar el sobre-costo empresarial no salarial en Colombia? Del total de 51 % de sobrecosto, 34 puntos están asociados a remuneración salarial complementaria. Otros 17 puntos se refieren a aportes pensionales, cofamiliares y seguro profesional.
Martin Feldstein (1977) explicó por décadas cómo esa parafiscalidad laboral generaba el doble problema de bajas coberturas en seguridad social y elevada informalidad. Sin embargo, la implementación de reducir esos ‘impuestos puros’ enfrenta dos serios obstáculos. El primero es de fondeo público. Eliminar los aportes patronales de 17 puntos implicaría un gasto público adicional de 1,3 % del PIB por año, aunque existen razones de fondo para no entrar a sustituir 0,3 % del PIB de cofamiliares. Nótese que este esfuerzo fiscal vendría a totalizar entonces 2,3 % del PIB tras haber sustituido ya los 13,5 puntos, antes explicados, y con el error de indexación de ese gasto a ritmos del 2 % real anual.
Aun con la aprobación de un paquete tributario que lograra elevar el recaudo en 2 % del PIB durante 2021-2022, es evidente que este esfuerzo de sustitución de gastos no-salariales luce demandante. La única forma de lograrlo sería con un paquete tributario que aportara 4 % del PIB de mayor recaudo a través de extender el IVA del 19 % y reversando 1 % del PIB en los alivios empresariales de la Ley 2010 del 2019.
El gobierno Duque intentó en 2018 esa expansión del IVA, pero el Congreso no entendió la urgencia de ello. Ojalá que el Gobierno entre ahora a reforzar sus argumentos con la urgencia de generar empleo de calidad en la pos-pandemia.
El segundo problema es de ‘economía política’, pues en pospandemia resulta que todo el mundo clama por mayor seguridad social (especialmente en salud). Pero muy pocos entienden que esto solo se logrará mediante mayor recaudo sostenido. La mejor gestión de la Dian será importante, pero resultará insuficiente en ausencia de generalizar el IVA. Así, pues, la solución para el desempleo estructural implica reformas simultáneas en los frentes laboral y tributario.
SERGIO CLAVIJO
Sergio Clavijo
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